Nicolle Alcaraz
Los certificados de vacunación han resultado un negocio en el mercado negro, llegan a costar hasta 2 mil pesos. Sin embargo las sanciones podrían ir hasta a tres años de cárcel.
Vacunarse ya no solo es un acto de prevención, sino también un requisito burocrático. Esto debido a que diversos países, incluido Estados Unidos, han comenzado a exigir certificados que avalen la inmunización de aquellos ciudadanos que pretendan ingresar a sus territorios, e incluso, a diferentes establecimientos, como restaurantes, bares, centros comerciales, etc.
Es por ello que, de la mano de estas exigencias, muchas personas han optado por la obtención de certificados falsos. Ya sea porque no desean ser vacunados, pero necesitan el papel para atravesar la frontera; porque su esquema no ha sido completado; o quizás sí, pero recibieron una marca de vacuna que no ha sido aprobada por el país que habrán de visitar.
Particularidades del certificado
El certificado de vacunación es un documento que describe el tipo de vacuna, o vacunas, fueron aplicadas, el lote de cada una; la fecha en que se colocaron, los datos de identificación de la persona; además de poseer un código QR que puede ser escaneado por las autoridades correspondientes para corroborar la información provista en el documento en tiempo real.
Este puede descargarse a través del sitio oficial se la Secretaría de Salud (liga: www.cvcovid.salud.gob.mx), o también mediante WhatsApp al escribir al número oficial de esta misma dependencia (56 1713 0557), en donde solo se requerirá del CURP de la persona que solicita el documento para poder descargarlo de forma gratuita.
Alerta de falsificación y sanciones
Sin embargo, muchos vendedores ambulantes ofrecen a las personas la oportunidad de generar este mismo comprobante por precios que oscilan entre $500 y $2 mil pesos incluyendo la creación de un marcador QR funcional, y en menos de dos horas. Haciendo de este delito algo frecuente.
Si bien, en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se pronunció en contra de esta práctica y además, indicó que:
se podrán alcanzar hasta tres años de prisión en caso de “falsificar o alterar un documento público o privado”, además de que “las mismas penas se impondrán al que (…) haga uso de un documento falso o alterado o haga uso indebido de un documento verdadero, expedido a favor de otro, como si hubiere sido emitido a su nombre, o aproveche indebidamente una firma o rúbrica en blanco”.
En Jalisco aún están por determinarse las sanciones que serán aplicadas a quienes cometan este tipo de fraudes.
Si bien el Artículo 162 del Código Penal del Estado de Jalisco establece un castigo de dos a seis años de prisión para quien falsifique documentos oficiales, o también para quien los emplee, hace falta poner mayor atención a la falsificación de certificados de vacunación.
Es así que, el pasado 8 de noviembre el alcalde Pablo Lemus, presentó una propuesta de protocolos para establecer sanciones administrativas y penales a quienes incurran en dichos delitos, misma que será revisada por la mesa de salud, para poder llegar a un acuerdo y poder definir las formas en que se manejaran este tipo de casos.
Otras consecuencias
Además del delito que representan este tipo de acciones, quienes emplean un documento falso de esta naturaleza terminan por exponerse a sí mismos y a terceros, al ser propensos a contagiarse. Sobre todo debido a que muchos de los comercios que solicitan el certificado como una medida de seguridad, pueden llegar a relajar las medidas de distanciamiento y salubridad ante la falsa creencia de que las personas ahí presentes se encuentran protegidas.
Recordemos que las vacunas son sumamente efectivas al usarse correctamente. Sin embargo, el haber sido inmunizado no significa que dejemos de ser posibles portadores del virus, mismo que podría llegar a ser transmitido a terceros que no se encuentren protegidos y/o que posean alguna comorbilidad.
