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Mtro. Ignacio Román Morales
Académico del ITESO

En nuestro pasado comentario en el Semanario iniciamos un breve balance económico de los cinco años de la 4T. Contrastábamos las pésimas expectativas que se tenían por parte de diversas opiniones empresariales con la evolución observada durante el periodo, especialmente en cuestiones de producción (actividad económica), distribución del ingreso y pobreza. Evidentemente, México se comportó (al igual que todo el planeta) de dos formas radialmente distintas: la etapa pandémica y la post-pandémica.
Continuemos ahora con el comportamiento de la inflación y del empleo.
En cuanto a la inflación, el Banco de México tiene la meta de que los precios se eleven en promedio entre 3 y 4%. Históricamente se han presentado tasas incomparablemente más altas, como en los años ochenta, alrededor de 100% anual (en 1987 fue de 160%) o en 1995, cuándo llegó a 60%. Más recientemente, en el 2017, alcanzó 6.8%. Los gobiernos y el Banco de México, desde los años ochenta, adoptaron la idea de que la inflación era sólo un “fenómeno monetario”, es decir, que el incremento en la cantidad de dinero en circulación es la que provoca el aumento de precios. ¿Quién fabrica el dinero? El gobierno (se olvidaban de todos los sistemas bancarios y bursátiles, llegando a los mercados de derivados y ahora las criptomonedas). ¿Qué “había que hacer”? reducir el gasto (infraestructura, desarrollo económico, política social). ¿Cómo impedir que en la economía haya tanto dinero? Reduciendo los salarios (aumentando los salarios mínimos mucho menos que la inflación). ¿Cuál fue el resultado? Un gran empobrecimiento del país (incluyendo trabajo formal) y una aceleración en la concentración de la riqueza.

¿Qué se ha hecho en esta administración? En parte se ha mantenido la visión tradicional, y se procura sacar dinero que pudiera destinarse a las compras, mediante la elevación de las tasas de interés (si dan más dinero por no gastarlo, me lo guardo un rato; si me sale muy caro pedir prestado, pospongo mis compras). Sin embargo, el gobierno también hizo a un lado la lógica de que la inflación era solamente una cuestión monetaria e incorporó la interpretación de que ésta también era causada por los costos de producción y de consumo de los hogares. Por un lado, ha propiciado un fuerte incremento de los salarios mínimos (lo que era un sacrilegio en óptica anterior) y por otro ha buscado contener los costos de producción y de consumo, mediante subsidios significativos a los energéticos, especialmente las gasolinas y el diésel.

En cuanto a los salarios mínimos, su poder actual de compra es de más del doble de hace seis años. Ello no significa que todos los salarios aumenten igual: los salarios mínimos profesionales están en vías de extinción y los salarios medios han tenido un crecimiento moderado (han mejorado, en términos de poder adquisitivo, 6% durante la actual administración. En suma, ha mejorado fuertemente el poder de compra de los asalariados de bajos ingresos en el sector formal y ha mejorado levemente el de los asalariados con ingresos, pero hay cada vez más trabajadores, en la economía informal, con ingresos inferiores al mínimo (lo que no significa que hayan perdido poder de compra, dado el incremento real al mínimo). Para gran parte de la población, la mejora no procede sólo de los ingresos laborales, sino de las transferencias gubernamentales y las remesas.

Cabe resaltar que la mejora no es propiamente del periodo 2018-2023, dado el empobrecimiento resultante de la pandemia (2020-2021), sino especialmente del bienio 2022-2023.

En cuanto al empleo, la tasa actual de desocupación es sumamente baja: 2.7% de la Población Económica Activa (población desocupada que busca empleo activamente más los trabajadores que realizan actividades contabilizables en el PIB), sin embargo la mayoría de los mexicanos labora en la economía informal y sin prestaciones sociales: la inmensa mayoría de las trabajadoras domésticas remuneradas, los trabajadores agrícolas de subsistencia, los trabajadores contratados por honorarios o contratos civiles (no laborales) en las unidades económicas formales, los trabajadores por cuenta propia sin un registro contable formal de sus actividades, los vendedores ambulantes, etc.
Las jornadas de trabajo siguen siendo de las más largas del planeta y la participación de los trabajadores en las decisiones de las unidades económicas es precaria: inestabilidad laboral, casi nula participación auténtica en comisiones mixtas, sindicatos libres y democráticos, inexistencia de Consejos Económicos y Sociales para el involucra miento en políticas públicas, equidad de género, inclusión obligatoria de personas con discapacidad para las empresas grandes y gigantes, etc. Es decir, estamos lejos del principio promovido por la Organización Internacional del Trabajo y de la Comisión Económica para América Latina, de procuración de la flexiseguridad (flexibilidad del trabajo, pero con estabilidad para el trabajador) y del trabajo digno.
Efectivamente, se han efectuado durante esta administración múltiples modificaciones legales en favor de los trabajadores, que compensan las modificaciones, en sentido contrario, que se habían hecho en gobiernos anteriores: la libertad y la democracia sindicales, la regulación del teletrabajo, las normas frente al hostigamiento laboral, las mejoras salariales, la inclusión de nuevas enfermedades profesionales, la posible reducción de la jornada máxima de trabajo semanal a 40 horas (en veremos), el aumento a los días de pago de aguinaldo, etc. No obstante, la capacidad operativa para aplicar gran parte de las reformas es muy reducida, dada la pobreza presupuestal del gobierno para vigilar su aplicación.

Continuará…

@arquimedios_gdl

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