Ignacio Román Morales
Sería muy difícil encontrar a un ciudadano que quisiera pagar más impuestos, más multas, más pagos por el derecho de sacar un pasaporte o una licencia de tránsito o por la gasolina o la luz. Sin embargo, para que el gobierno pueda hacer algo mejor en términos de beneficios sociales, de inversión, de protección ambiental o de mantenimiento de infraestructura, se requiere dinero. ¿Cómo hacerle para gastar e invertir más eficientemente sin desfalcar al ciudadano?
No hay ninguna decisión gubernamental que sea neutra: hay quien se beneficia y quien se perjudica de cada decisión y, es más, hasta el no tomar decisiones es una decisión: Que todo siga igual.
AMLO prometió que durante sus primeros tres años de gobierno no habría nuevos impuestos ni aumentaría la tasa de los existentes. Sin embargo, no dijo que no habría una aplicación más estricta de los existentes. En este 2020 se están presentando diversas disposiciones del gobierno que tienen como propósito el aumentar significativamente su captación de dinero. Básicamente, aunque con algunas excepciones, se respeta la promesa inicial, pero aun así hay cambios significativos.
Es también fundamental buscar los mecanismos para que ese pago de impuestos no se traslade principalmente a los precios al consumidor final.
¿Quiénes se van a beneficiar de los cambios fiscales? … Depende de cómo se ejerza el gasto: si se apoya más a micro y pequeña empresa, a madres solteras, a personas con discapacidad, a mayores de 68 año, a población indígena, etc. ellos resultarán beneficiados. Sin embargo, si no hay más recursos para cultura, para ciencia y tecnología o para estancias infantiles, estos aspectos estarán proporcionalmente perjudicados. Las cosas no son en blanco y negro.
Los beneficios y perjuicios no sólo se advierten en el gasto sino con la misma importancia en la decisión de quienes deben de pagar para que el gobierno tenga dinero ¿A quiénes les toca “apoquinar” más con los cambios de este año?
- A los dueños de propiedades que rente, pues habrá un seguimiento mucho más estricto de la emisión de facturas.
- A las empresas de ventas multinivel, especialmente de ventas por catálogo.
- A los cuentahabientes bancarios, sobre su capital.
- A las plataformas digitales (Uber, Didi, Amazon, Netflix, Airbnb, etc).
- A la subcontratación de trabajadores.
Igualmente habrá una mayor vigilancia para evitar la generación de facturas y recibos fiscales falsos.
Lo anterior implica “poner en cintura” a empresas y personas que podían eludir fácilmente sus contribuciones. ¿Es justo que los dueños de casas, comercios o talleres paguen impuestos por rentar instalaciones?, ¿Es justo que las grandes empresas de ventas por catálogo (Avon, Omnilife, Andrea, Tuperware, y muchas más) paguen más impuestos sobre las ganancias que obtienen a partir del trabajo de millones de personas que formalmente son autoempleadas, pero que dependen de esas marcas?, ¿Es justo que si tengo altas tasas de interés y mucho dinero en el banco pague más por tener ese dinero?, ¿Es justo que empresas que no tienen un solo taxi (Uber o Didi), supermercado (amazon), hotel (Airbnb), etc. paguen impuestos por sus actividades?, ¿Es justo que las ganancias de empresas de subcontratación paguen impuestos por las ganancias que obtienen de los trabajadores en outsurcing? A mi parecer la respuesta a todas estas preguntas es sí, pero es también fundamental buscar los mecanismos para que ese pago de impuestos no se traslade principalmente a los precios al consumidor final, qué a los afectados por estas medidas no les importe quién se las hizo, sino quien se las pague.
