Ignacio Román Morales
Uno de los grandes anhelos de la humanidad a lo largo de toda su historia ha sido el de mejorar sus condiciones de vida. A partir de ello hemos tratado de desentrañar los secretos de la naturaleza, hemos experimentado distintas formas de organizarnos en sociedad, hemos creado una infinidad de tecnologías y nos hemos relacionado de múltiples formas con nuestro entorno y con el universo. En estas búsquedas hemos tenido grandes éxitos y fracasos, grandes orgullos y vergüenzas. En todas ellas siempre ha estado presente una pregunta fundamental: ¿qué le toca hacer a cada quién?
En particular, todas las sociedades han constituido órganos de dirección y de poder. Los gobiernos que deciden sobre todos los pueblos, los potentados que concentran el dinero y las propiedades, los militares que disponen del armamento, los líderes que guían las ideas, las iglesias que nos muestran su visión entre lo natural y lo que va más allá de la naturaleza misma, los trabajadores que se organizan, los jóvenes que se insubordinan, etc. La respuesta a la pregunta de qué le toca a cada quién no tiene una respuesta única, depende de cada lugar y de cada momento.
¿A quién le toca aquí y ahora?
Una pregunta concreta de nuestro aquí y ahora es… ¿a quién le toca garantizar el que contemos en México con las fuentes de energía básica para poder vivir en nuestro contexto del siglo XXI?, ¿Los combustibles o la electricidad deben ser generados esencialmente por empresas privadas y, por lo tanto, deben de producirse y venderse en función del dinero que tengamos para adquirirlos o, por el contrario, deben de ser provistos por el Estado, bajo criterios que no estén delimitados sólo por el mercado?
La reforma energética del 2013 mantuvo en el Estado la planeación, transmisión y distribución de electricidad… PERO permitió que los particulares la generaran en forma libre. En otras palabras, es como si en cualquier otro producto, al Estado le tocara diseñar una estrategia, repartir y vender el producto… pero le dejaría a las empresas privadas una parte creciente de la producción. Para poder vender algo hay que producirlo: si a los privados les toca crecientemente producirlo, el Estado se compromete a comprarles la producción y luego enviarla a los consumidores.
¿Cuál es el problema?
El problema es que bajo ese compromiso, al Estado le toca producir cuando los privados no lo hagan y dejar de producir cuando sí lo hagan. Como la energía solar no se produce de noche y las plantas eólicas no funcionan si no hay viento, el Estado debe estar continuamente apagando y prendiendo turbinas en las plantas hidroeléctricas, a un costo operativo enorme. Las empresas privadas tienen aseguradas sus utilidades durante sus tiempos de producción, en tanto que la CFE se queda acumulando pérdidas mientras tanto.
En cambio, cuando las privadas no pueden generar la electricidad, la CFE debe reactivar sus plantas (con lo que cueste), sin que ello le genere afectación alguna a las privadas. Es como si las grandes empresas privadas jugaran a la lógica de los “volados” en la que “si sale sello yo gano y si sale sol tu pierdes”.
Con la reforma del 2013, el gobierno ofreció bajar los precios de la electricidad, pero esto no ocurrió para la mayoría de la población. El precio del Kw/hora para los hogares aumento al 2018, sobre todo en la tarifa básica (consumo menor a 75 kw/hora), en 4.8%. Las tarifas intermedias lo hicieron en 3.5% y las excedentes en 3.7%. Usted, querido lector, también podrá valorar si en el sexenio de Peña Nieto se logró el objetivo garantizar la honestidad y eficiencia en el manejo del sector energético.
Vamos de mal en peor
Entre el 2018 y el 2021 la evolución ha empeorado drásticamente, aunque proporcionalmente menos para el consumo básico. La tarifa básica se ha incrementado en 7.1%, la intermedia en 7.2% y le excedente en 7.3%. El funcionamiento del sistema eléctrico no tiende a ser mejor para los consumidores.
En la propuesta actual se plantea retomar el control nacional sobre la electricidad, de tal modo que su disponibilidad dependa de criterios sociales y de las necesidades económicas del país, y no sólo del juego de la oferta y de la demanda. Ello no impide en lo absoluto que los hogares y las empresas puedan tener paneles solares y abastecerse a ellas mismas, sino que la CFE esté obligada a comprar los excedentes, en detrimento de su propia generación de electricidad.
Para fortalecer la capacidad de generación de energía eléctrica la propuesta actual implica cambiar las turbinas con las que operan las hidroeléctricas, de tal manera que se aproveche mejor toda la infraestructura existente, para poder generar más electricidad y de manera continua, con los recursos existentes, en vez de estar interrumpiendo constantemente su actividad.
En la propuesta del gobierno actual se plantea una transición a la generación de energías limpias guiada por el Estado y no por grandes empresas corporativas. Esto significa considerar que nuestro viento y nuestra luz solar también son propiedades de todo el país y no de unas empresas oligopólicas. También supone asegurar para el país las reservas de litio, pues es el metal esencial para el desarrollo de las nuevas tecnológicas de ahorro de combustible, pero es extremadamente escaso a nivel global.
¿Cuáles serán las consecuencias?
La actual reforma eléctrica seguramente generará conflictos con empresas beneficiarias de la reforma energética del 2013, lo que a su vez implicará riesgos financieros para el país, presiones político-económicas relativas a la confianza de los inversionistas, riesgos de componendas políticas, posible rezago en la reconversión energética hacía las fuentes eólicas y solares, así como múltiples descalificaciones (con y sin argumentos válidos) hacia el gobierno. ¿La decisión es riesgosa? Sin duda: en gran parte, los riesgos vendrán por parte de las empresas y los intereses que fueron beneficiados por la reforma del 2013, pero no serán los únicos. La capacidad de negociación y de gestión de los riesgos, tensiones y rezagos será determinante en el éxito de la actual iniciativa, y por ende, en la estabilidad energética de México hacia el mediano y largo plazos.
