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ABEL CAMPIRANO MARÍN

La Pontificia Comisión para la Protección de Menores del Vaticano, acaba de promover una consulta mundial para actualizar los protocolos de actuación para promover políticas y estrategias de prevención de abusos sexuales, creando entornos seguros para los niños en el ámbito de las iglesias locales.
Es muy importante tener en consideración que esta consulta está dirigida a todas las Conferencias Episcopales, a los Superiores y Superioras de las congregaciones religiosas y sociedades de vida apostólica y en general a todos los católicos que estamos comprometidos con nuestra Iglesia y nuestra Comunidad para luchar en contra de los fenómenos político-sociales que están defenestrando los valores.
Cada uno de nosotros debemos aportar nuestro esfuerzo para esta tarea encomendada, porque es preocupante el deterioro del tejido social y especialmente en cuanto a la situación de los menores, que se ven afectados en su integridad física y psicológica, ante la ineficiencia de políticas públicas que no han servido para prevenir y sancionar la violencia tan grave que sufren nuestros niños.
Si bien es cierto que existen Leyes especializadas de protección de niños, niñas y adolescentes, el problema es que la aplicación de estas permite a los defensores de los violentadores encontrar

resquicios en el procedimiento, para exonerarlos de responsabilidad, y permitirles volver a la calle a seguir haciendo de su voluntad su ley.

Precisamente, y cumpliendo con mi tarea, propongo y solicito al Gobierno en sus tres esferas de administración, el Federal, el Estatal y el Municipal, que implementen un sistema de seguimiento y control de procesos en los que se vean involucrados menores con el propósito de vigilar que se cumplan cabalmente las normas de procedimiento y se evite que las Carpetas de Investigación lleguen con fallas al Juez, quien sin responsabilidad tendrá que poner en libertad al imputado por fallas en la forma y en el fondo, y que en aras del debido proceso, la protección constitucional y la preservación de los derechos humanos se tenga que poner en libertad al acosador, al violador, al pornógrafo, al tratante y a todo aquél que haya participado en la comisión de un delito.
Recordando el principio del derecho romano germánico (Nullum poena sine lege) y que también aplica el derecho anglosajón (No punishment without law) yo concluiría que de nada sirve la pena ni la ley si quien la aplica no sabe cómo hacerlo o perversamente se hace como que no sabe, para causar un daño mayor a la víctima.

@arquimedios_gdl

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