El mayor y mejor servicio al ser y a la sociedad: Obispos
Javier de Silvia
La Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hizo un llamado a los integrantes del Congreso de la Unión a promover “un verdadero diálogo con los principales actores clave de la educación”, con el propósito de consolidar un marco legal que responda “a los desafíos de la emergencia educativa que hoy vivimos” en el país.
“La verdadera educación es un acto que reclama plena libertad y responsabilidad. Sin una clara y recta intención de educar, la acción se contamina por otros intereses, no trascendentes, ni fundamentales. La educación es la más noble de las tareas, es enseñar a vivir en la altura de nuestra dignidad y cada vez más plenamente”, señala un documento de la CEM firmado el Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, Presidente de la CEM; el Obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, Responsable de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la CEM; el Obispo Auxiliar de Monterrey, Alfonso G. Miranda Guardiola, Secretario General de la CEM; y el Pbro. Eduardo J. Corral Merino, Secretario Ejecutivo de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la CEM.
Al subrayar que “la educación es el mayor y mejor servicio que pueda hacerse a un ser humano, a la sociedad, a un país, a la comunidad global”, indica que: la autonomía y plena libertad del organismo que sustituirá al Instituto Nacional de Evaluación Educativa; la libertad y equidad de todo el sector magisterial; el ejercicio de la libertad de educación de los padres de familia, primeros responsables de la educación de cada niño, adolescente y joven, así como la libertad de asociarse, entre particulares para ofrecer una educación particular, y la libertad de gestión de las autoridades de las entidades federativas, que se debe garantizar a través del claro y honesto ejercicio del control presupuestal y la clara distribución de competencias, son aspectos fundamentales que deben abordarse en un diálogo amplio y profundo.
En este sentido el Episcopado Mexicano, refrenda su voluntad de “seguir participando en el ejercicio de nuestra libertad religiosa, dentro del contexto plural de nuestro País” con prudencia e intención de buscar el mayor bien de todo el Pueblo Mexicano, incluidas sus autoridades.
FOCOS DE ALERTA
Autonomía y libertad del organismo que sustituirá al Instituto Nacional de Evaluación Educativa
La reciente Reforma al artículo 3º Constitucional, en su fracción IX, mandata la creación de “un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión”. Además, ordena la creación de una “Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación”, con tres organismos que la integran:
- Junta Directiva
- Consejo Técnico de Educación
- Consejo Ciudadano
El Proyecto de Ley Reglamentaria señala que la Junta Directiva, única que tiene funciones de conducción, planeación y coordinación, queda supeditada, en la práctica, al Secretario de Educación Pública, así como a un Secretario Técnico puesto por el primero (Cfr. Artículo 9). Lo anterior, genera una clara ficción en la autonomía de toda la Comisión, coartando su libertad de conducción y autoridad técnica, así como nulificando el esfuerzo por parte del Senado de nombrar a cinco comisionados, con el voto de las dos terceras partes (Cfr. Artículos 19 al 30, del citado Proyecto de Ley Reglamentaria).
La libertad y equidad de todo el sector magisterial
Los Obispos de México, desde el mes de octubre de 2013, señalaron en el documento Educar para una Nueva Sociedad, su preocupación por el hecho de que grupos sindicales contaran con un poder político inadecuado, que permitía negociar con la autoridad, condiciones laborales en detrimento del valor central educativo, es decir, el interés superior de los niños, adolescentes y jóvenes, reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Hoy, señala la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la CEM, la Rectoría del Estado, queda en entredicho, por la presión de estos grupos, impidiendo el ejercicio efectivo de la libertad de sociedad y gobierno, en la estructuración de un nuevo Sistema Educativo Nacional.
Libertad de educación de los padres de familia
Los tres proyectos de ley que se discutirán próximamente en el Congreso de la Unión, de manera declarativa, reconocen y alientan la participación de los padres de familia, en la educación de los hijos, pero no se les reconoce como “los principales responsables de la educación” de sus hijos, sólo como “corresponsables” de ella (Cfr. Proyecto de Ley General de Educación, artículo 78).
No prevén, ninguna disposición, estructura, presupuesto o mecanismo formal de representación, para su promoción concreta y organizada; coloca a los padres de familia dentro del ‘mundo de la participación social’, al nivel de otros actores sociales: la economía, el mundo de la comunicación y la sociedad civil. Reconoce sus derechos, pero no abren espacios reales de libertad para ejercerlos.
Se acentúa la comunidad escolar como el centro de los procesos educativos a cargo del Estado, y se soslayan los esfuerzos de educación no formal que realizan, principalmente las familias, y otros espacios de la sociedad: centros de escultismo, arte, deporte, cultura, por citar algunos.
Los niños, adolescentes y jóvenes, pasan entre 4 y 8 horas en la escuela, diariamente, en cinco días de la semana y el resto del tiempo en otros ambientes. Hoy se requiere una visión más realista de la complejidad de los procesos educativos en los ambientes formales y no formales.
Libertad de gestión de las autoridades de las entidades federativas
El manejo de los recursos financieros de la infraestructura educativa, por ejemplo, queda en la discrecionalidad de la autoridad federal, sometiendo a las autoridades de las entidades federativas a una dinámica velada de sumisión. Esto, sin duda alguna, coarta su soberanía. Es muy importante que el Federalismo sea fortalecido en este esfuerzo de adecuación y estructuración del Sistema Educativo Nacional.
