El Gabinete de Andrés Manuel

Jorge Rocha

Desde hace mucho, tanto la teoría como la práctica empírica nos han dicho que los buenos resultados de un gobierno, dependen en buena medida de un equipo de trabajo con alta capacidad de gestión y conocimiento sobre la materia que les toca decidir.

Desde la campaña electoral, el presidente López Obrador puso sobre la mesa a su gabinete de gobierno y además lo conformó de manera paritaria, es decir, la mitad hombres y la mitad mujeres. Estas dos decisiones no las había tomado ningún presidente hasta ahora, es más, ningún gobernador se había atrevido a mostrar en campaña a quiénes lo acompañarían en el primer momento de su gobierno. Andrés Manuel López Obrador lo hizo, y sin duda es algo que debemos agradecer.

Por supuesto que desde el primer momento se generaron amplias discusiones sobre las capacidades de los miembros del gabinete: que había algunos inexpertos, el promedio de edad del gabinete; que había dos tipos de gabinete, uno de corte neoliberal y otro de corte social, entre otros tipos de discusiones. Desde mi punto de vista se equivocan tanto los que a rajatabla dicen que todo el gabinete es malo, como los que defienden a ultranza a todos los miembros del equipo de presidente. Hay perfiles muy buenos como Víctor Toledo, reconocido ambientalista, o perfiles muy criticados como Manuel Bartlett, que desde su nombramiento fue sumamente cuestionado.

Del primero de diciembre a la fecha hay varias renuncias al gabinete, y dos han sido muy comentadas, la de Germán Martínez al Instituto Mexicano del Seguro Social y la de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Frente a lo que sucedía antaño, cuando un secretario de estado era removido de su cargo, las razones se mantenían en sigilo, ahora se ventilan públicamente los conflictos entre el equipo de gobierno.

Todavía hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto, cada vez que se hacía una modificación del gabinete, había una breve ceremonia donde estaban el secretario saliente y el entrante, se daba un discurso de agradecimiento y se decía que el funcionario que dejaba el cargo, se retiraba por asuntos personales. Por supuesto que se dejaba todo a la elucubración y a los transcendidos periodísticos donde se vertían las verdaderas razones de la remoción.

Parece que esa vieja práctica cambio en este sexenio y los funcionarios que renuncian expresan públicamente las razones de su decisión, tanto en el caso de Martínez como en el de Urzúa, se dicen expresamente sus desacuerdos con el presidente y con otros miembros del gabinete y el primer mandatario corroboró las dificultades en el entendimiento. Por supuesto que no estábamos acostumbrados a estos procesos y desde mi punto de vista mostrar públicamente las diferencias, me parece un ejercicio muy sano y democrático.

Ahora bien, en el caso de Urzúa hay dos asuntos que llaman la atención, el primero, la acusación del presunto conflicto de interés de algunos miembros del gabinete (Alfonso Romo, según los trascendidos) o la implementación de políticas públicas sin sustento alguno (Comisión Federal de Electricidad, según los trascendidos). Ambas acusaciones ameritan aclaración porque, si esto es cierto, se pueden generar graves problemas en el gobierno federal en curso. El presidente trató de minimizar estos asuntos, sin embargo, me parece muy pertinente darle seguimiento porque, una política pública mal implementada, puede generar muchos problemas a las personas y al erario público.

También en estos días, el “Super delegado” de los programas federales en Jalisco, Carlos Lomelí, renunció a su cargo, ya que desde la Secretaría de la Función Pública se habla de posibles conflictos de interés. La Asociación Mexicanos contra la Corrupción, hizo fuertes señalamientos de que Lomelí estaba involucrado en empresas farmacéuticas que son proveedores de gobiernos locales. Hasta donde se sabe, esto no se ha convertido en un proceso legal, sin embargo, las repercusiones políticas de las acusaciones hicieron que le resultara insostenible al presidente mantener a Lomelí como delegado en Jalisco. En principio la acción resulta positiva, pero habrá que ver en que termina esta historia y sí tiene implicaciones legales.

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