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Ignacio Román Morales

Más allá de la carrera electoral, este 2024 los jaliscienses tenemos una noticia menos taquillera: inició operaciones el Sistema Estatal de Tributación, análogo al Servicio de Administración Tributaria. Nació una institución qué, dependiendo de las circunstancias y de su manejo, podrá ser intrascendente o llegar a convertirse en un enorme centro de
poder local. ¿De qué se trata?
Un poder público que no disponga de recursos económicos para actuar no es un poder, sino sólo un espantapájaros o una figura decorativa. Por ello es esencial la obtención de financiamiento para la operación cotidiana de las tareas de los gobiernos y para el desarrollo de sus planes de inversión. Además, en México (como en gran parte del mundo) no hay un solo poder público, pues no somos una monarquía, una autocracia o una dictadura militar, sino que contamos formalmente con distintos poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y con distintos órdenes de gobierno (federal estatal y municipal), cada uno de los cuales también tienes sus divisiones de poderes, así como órganos autónomos y desconcentrados, que igualmente requieren de dinero para operar.

¿De dónde sale el dinero para el funcionamiento de todas estas instituciones públicas? Evidentemente usted ya tiene la respuesta: de todas y todos nosotros, de la sociedad. Las autoridades cobran impuestos (ISR, IVA, IEPS…), le cobran derechos a diversos organismos para que operen por ejemplo, el Estado le cobra a PEMEX por el derecho de explotar los recursos petroleros), vende productos y servicios (como el agua) y cobra aprovechamientos (como las multas). Además, estas instituciones también se endeudan (deuda pública) y pueden contar con otros ingresos, derivados de la venta de empresas o recursos públicos (como fue el caso con el avión presidencial).

QUÉ DEBE COBRAR CADA QUIEN
Decíamos que todas las dependencias públicas requieren y buscan con ahínco el dinero para operar, pero… ¿Cómo se ponen de acuerdo entre ellas, para saber qué le toca cobrar a cada quién, hasta dónde puede cobrar y cómo se reparte entre todos lo cobrado? En el asunto de los billetes, nunca es fácil ponerse de acuerdo. Es tan complicado, que el último acuerdo nacional al respecto es de hace más de 40 años, a inicios de los años 80, cuando el entonces aplanador PRI gobernaba todo y vivíamos el auge de la “borrachera petrolera” pensando que entrábamos al mundo de la abundancia y el desarrollo. En aquel entonces el asunto fundamental era cómo “repartir la abundancia”, cómo repartir entre todos los poderes, órdenes de gobierno, paraestatales, programas públicos y órganos desconcentrados, las carretadas de millones de dólares que entrarían por el petróleo.
Se instituyó el “Pacto Fiscal” que sigue siendo la base para la organización de los dineros públicos hasta hoy.
Sin embargo, el México de hoy (de hecho, el México posterior al auge petrolero, desde 1982), es radicalmente distinto al cuento de hadas de inicio de los ochenta. La carroza volvió a ser calabaza y los corceles volvieron a ser ratones, pero los criterios para repartir los dineros aún son similares a los que se establecieron cuando Cenicienta iba al baile del príncipe. Está difícil partir de los grandes beneficios que nos da a los estados y municipios la exportación de petróleo, cuando desde el 2015 gastamos más en importar gasolinas que lo que ingresamos por tal exportación. Desde el auge petrolero hasta mediados de la década pasada, las explotaciones del Golfo de México centradas en Tabasco y Campeche (especialmente Cantarell) financiaron gran parte de los recursos que recibían todos los estados y municipios, pero eso se agotó. ¿Y ahora cómo le hacemos?

ACIERTOS Y DESACIERTOS
Considero un acierto el que algunos estados de la República impulsen un nuevo pacto fiscal, que considere
los cambios de circunstancias por lo que ha atravesado México. Considero un profundo desacierto el que
tal propuesta se haya manejado fundamentalmente sólo como una presión para que el poder federal traslade más recursos a estados y municipios, en vez de advertirlo como la necesidad de una restructuración de las reglas de articulación financiera entre todos los poderes, órdenes de gobierno, dependencias, empresas públicas y órganos desconcentrados o autónomos.

La creación en Jalisco de un Sistema Estatal de Tributación puede favorecer una menor dependencia estatal de los recursos federales, así como un manejo sano de recursos, siempre y cuando no se caiga en una rebatinga de poder con el ámbito federal. El cobro de impuestos locales se reduce a muy pocos instrumentos, básicamente el predial a nivel municipal y el refrendo a nivel estatal. El establecimiento o fortalecimiento de los mecanismos de cooperación entre poderes sobre el cobro y aprovechamiento de los grandes impuestos, podría favorecer una mayor eficiencia y transparencia, sin que hubiese más tasas o nuevos impuestos para la inmensa mayoría de la población o de las empresas.

Simultáneamente, podría ser un mecanismo para enfrentar la inmensa concentración los beneficios del poder patrimonial o de ingresos exorbitantes en favor de un puñado de personas y grandes corporativos. En cambio, si el SET se convierte en un arma de disputas políticas entre poderes y órdenes de gobierno, podría alimentar a mediano plazo la generación de mecanismos confusos e inestables de tributación, con todos los riesgos que ello implica, por ejemplo, el símil de la doble tributación de IVA en los Estados Unidos (IVA federal e IVA estatal).

@arquimedios_gdl

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