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ALFREDO ARNOLD

Una amplia discusión sobre la iniciativa de Reforma Eléctrica del presidente López Obrador se lleva a cabo bajo el formato de Parlamento Abierto. Se trata de un ejercicio en el que funcionarios públicos, empresarios, académicos, líderes de opinión, etcétera, exponen sus puntos de vista sobre este tema de interés nacional antes de que el Congreso asuma una posición definitiva.

Como ejercicio democrático está bien, pero las conclusiones –si es que llega a elaborar conclusiones–, no serán vinculantes, es decir que no tendrán fuerza legal ya que finalmente sólo los legisladores votarán si pasa, se modifica o se rechaza la reforma constitucional propuesta por el Presidente de la República.

VOCES A FAVOR Y EN CONTRA

En el debate, que concluirá el 15 de febrero, se han escuchado voces a favor y en contra. Algunas cargadas de ideología, otras de información técnica. Parecería que todas tienen razón, por lo menos una parte de razón.

Sin embargo, nadie se ha detenido a analizar porqué la Comisión Federal de Electricidad fue alcanzada por las empresas privadas. Recordemos que en 2013 se aprobaron las Reformas Estructurales que desde el 2000 pretendía realizar el gobierno de Vicente Fox pero la oposición no lo dejó, tampoco Felipe Calderón logró que lo apoyaran; finalmente los partidos se pusieron de acuerdo y firmaron el Pacto por México el 2 de diciembre de 2012, o sea al día siguiente de la toma de posesión de Peña Nieto.

La opinión pública recibió con un gran entusiasmo las once Reformas Estructurales que aprobaron PRI, PAN, PRD y PVEM: Energética; Competencia Económica; Telecomunicaciones y Radiodifusión; Hacendaria; Financiera; Laboral; Educativa; Nueva Ley de Amparo; Código Nacional de Procedimientos Penales; Reforma Política-Electoral, y Reforma en Materia de Transparencia.

Eso es lo que hoy quiere sustituir con un “cambio de régimen” el gobierno de la 4-T. Sobre todo, en materia energética privilegiando a sus dos empresas insignia: Pemex y CFE.

Nadie objetaría que el Gobierno controlara absolutamente el sector energético si lo hiciera con eficiencia. Lamentablemente, el Estado no ha sido un buen administrador. En 1982 era dueño de 1,200 empresas quebradas o cien por ciento subsidiadas. Decía el economista Luis Pazos: “Si al gobierno le dan a administrar el desierto del Sahara, provocará escasez de arena”. Razón no le faltaba.

Al final del sexenio de López Portillo había un clamor general de que las cosas cambiaran, lo cual comenzó a ocurrir hasta seis años después con las reprivatizaciones de Salinas de Gortari. Hay que aclarar que ni Pemex ni CFE fueron privatizadas, pero el sector sí se abrió a la inversión privada.

PRIVATIZACIÓN EXITOSA

Un ejemplo exitoso de privatización es Teléfonos de México. La empresa estatal tenía treinta años de atraso y un sindicato paralizante cuando la compró Carlos Slim en 1990, en casi 450 millones de dólares. Inmediatamente llegó la competencia nacional y extranjera, se creó Telcel, se desarrolló la telefonía celular, entró el Internet, etcétera. México se apropió de una tecnología de la comunicación que no había conocido. Antes de la privatización, conseguir una línea de teléfono podía tardar más de un año, las llamadas de larga distancia había que hacerlas a través de una caseta, podían demorarse horas y costaban una fortuna, hasta los teléfonos públicos eran una vergüenza.

Lo mismo podría decirse de los bancos nacionalizados en 1982, en comparación a la banca mexicana-extranjera (o extranjera-mexicana) que comenzó a funcionar en el siglo XXI.

La CFE era hasta hace unos años “una empresa de clase mundial”, pero comenzó a quedarse rezagada, obsoleta y sin horizonte tecnológico. Como ejemplo, baste ver el caos de postes y la maraña de cables de luz que hay en todas las ciudades, los transformadores desprotegidos, los cajeros automáticos antiguos, la mala atención al público… ¿cómo estarán las termoeléctricas, o la central nuclear de Laguna Verde, cuya construcción comenzó hace 46 años?

La Compañía de Luz y Fuerza del Centro (también propiedad del gobierno) que surtía electricidad a la ciudad de México y algunas zonas de los estados de México, Morelos, Puebla e Hidalgo, tuvo que ser liquidada en 2009 en total bancarrota.

Hoy en día hay unas 200 empresas paraestatales, entre ellas institutos, fondos de inversión, bancos pequeños, hospitales de especialidades, Notimex, Fonacot, Conacyt, empresas de servicios portuarios y aeroportuarios, etcétera, además de Pemex y CFE que en realidad son grupos de empresas. La petrolera tiene a Pemex Exploración y Producción, Pemex Fertilizantes, Pemex Logística, Pemex Transformación Industrial y supongo que también la recién adquirida Deer Park, mientras que CFE cuenta con seis empresas de Generación, una de transmisión y otra de “Telecomunicaciones e Internet para Todos”.

Dentro de unos días terminará el Parlamento Abierto para la Reforma Energética. Ojalá que el ejercicio produzca conclusiones acertadas, y que los diputados las tomen en cuenta cuando se reúnan para discutirla y votarla.

*El autor es LAE, diplomado en Filosofía y periodista de vasta experiencia. Es académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

@arquimedios_gdl

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