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A la memoria de Alfredo Meza Guerrero

Jorge Rocha Académico del ITESO

28/08/2022

El problema de este caso es que seguimos sin saber dónde están los normalistas desaparecidos; es decir, no hay derecho a la verdad, que hasta ahora y a pesar de las órdenes de aprehensión, la impunidad, luego de ocho años, persiste; y que hoy por hoy no contamos con medidas de no repetición para situaciones similares.

Hace unos días, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer un nuevo informe sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre del año 2014. Cabe señalar que, hasta antes de este nuevo documento, solo se han encontrado algunos restos de tres de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el Estado de Guerrero. Del resto de los estudiantes no se sabe su paradero.

En el informe presentado por Encinas se plantean varios asuntos muy importantes, el primero es que se acepta plenamente que el caso Ayotzinapa es un crimen de Estado; esto significa que es un asunto donde hay una colusión clara entre la delincuencia organizada y miembros de distintas dependencias y niveles de gobierno del Estado Mexicano. La narrativa presentada por la administración de López Obrador echa en saco roto la llamada “verdad histórica” del caso, y acepta la negligencia, participación y colusión de agentes de seguridad, de distintos niveles, en esta desaparición. Aunado a lo anterior, el subsecretario Encinas informó a las familias que no tienen ningún indicio de que los estudiantes desaparecidos se encuentren con vida.

En el caso de corrupción de la “Estafa Maestra”, las cosas están un poco peor, porque no hay avances sustantivos en el caso, la impunidad persiste, tampoco está garantizada la no repetición y hasta ahora tampoco hay reparación del daño. Hace cuatro años había mucha esperanza de que estos y otros casos emblemáticos de la pasada ad- ministración se resolvieran para frenar la profunda inercia de impunidad y falta de derecho a la verdad. Hoy, luego de casi cuatro años del gobierno de López Obrador, estamos casi en el mismo sitio; y no se avizora un horizonte diferente en el corto plazo. ¿Tendremos otro sexenio perdido en materia de impunidad?… Parece que sí.

Los efectos son varios, el primero es que se libraron 83 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios públicos y miembros de la delincuencia organizada. Destacan que son 20 para mandos militares y tropa de los batallones 27 y 41 de la ciudad de Iguala; también hay órdenes de aprehensión para autoridades judiciales del Estado de Guerrero; y policías de los ayuntamientos de Huitzuco, Iguala y Cocula. Además, en la semana pasada se arrestó a Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, por presuntamente cometer los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia por este mismo caso.

Sin duda alguna que esta acción de la Fiscalía General de la República cimbró a la clase política nacional y volvió a colocar el caso Ayotzinapa en la agenda pública. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) criticó fuertemente esta detención y pidió al Gobierno Federal detener a los autores materiales de estas desapariciones y que deje de hacer justicia “selectiva”.

Dos de los casos que marcaron la administración de Enrique Peña Nieto volvieron a la palestra pública. En uno se terminó de confirmar que hubo graves violaciones a los derechos humanos y que la actuación del gobierno fue de encubrimiento de unos, de omisiones de otros y de participación activa de varios funcionarios públicos, algunos de ellos al más alto nivel.

Por otro lado, y también la semana pasada, Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto, salió de la cárcel, ya que un juez de control le concedió libertad provisional, aunque su proceso por el llamado caso de la “Estafa Maestra” continúa. Hay que recordar que, de acuerdo a diversos trabajos periodísticos, se presume que en esta maniobra, hubo un desfalco por 7 mil 670 millones de pesos al erario público. Hasta ahora, este caso no tiene avances significativos, y luego de tres años, Robles dejó el centro penitenciario de Santa Martha Acatitla.

@arquimedios_gdl

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