Jorge Rocha
Sin duda entramos de lleno a la contienda electoral del año 2021, con videos y filtraciones de documentos que tienen por objeto demostrar que el adversario político se conduce de la peor forma o para lograr una imagen de la clase política mexicana de que todos son iguales de corruptos y deshonestos.
La carrera ya no está en conocer quién tiene más virtudes o capacidades para realizar la tarea de gobernar, ahora el propósito es evidenciar que el rival electoral tiene más defectos e incapacidades y que a la larga la ciudadanía elegirá no al mejor, sino al “menos peor”. Esto ya no es una contienda entre los mejores, ahora lo que tenemos es una lucha para saber quién está menos hundido en el fango.
Esta forma de proceder genera turbulencias innecesarias, crea un teatro de lodo que provoca que las personas vean a la participación política como algo indeseable, nos aleja de discutir las auténticas necesidades de las personas, nos coloca en un escenario de pesimismo sistemático y no permite que la justicia llegue.
A la par, vemos los pronunciamientos de todas y todos los implicados en videos y documentos, donde se deslindan de responsabilidades y en algunos casos hay repercusiones de separación de personas en distintos cargos, o ya no se permite que alguien asuma una nueva responsabilidad. Ahora la expectativa no es que contemos con gobernantes que resuelvan problemas, sino que estamos a la espera de quién logra sacar a la luz el video más escandaloso.
Por supuesto que el derecho a la verdad es un objetivo de cualquier democracia que busque fortalecerse y consolidarse, pero el espectáculo que estamos viendo en la escena pública de México no contribuye a generar un verdadero entorno donde se busque justicia y se combata la impunidad.
Que haya denuncias
En una perspectiva donde lo que se busca es avanzar en la vigencia de un estado de derecho, lo primero que debería pasar es que todos estos videos se traduzcan en procesos legales formales, es decir, que se realicen las denuncias correspondientes con las autoridades competentes.
Luego, estas instancias tendrían que llevar a cabo las investigaciones necesarias para constatar que se cometió un delito, deslindar responsabilidades e imponer las sanciones correspondientes para castigar los ilícitos cometidos.
La única forma para lograr trascender la dinámica del “circo romano” es que estos procesos culminen con un proceso judicial bien armado y sólido.
Campañas que provocan repulsión
Ahora bien, tanto en el caso de Emilio “N”, como en el video donde aparece el hermano del presidente López Obrador, un elemento clave es el presunto financiamiento ilegal de campañas políticas.
Este asunto además de las posibles sanciones en las que pueden derivar, nos remite a la larga discusión en torno al modelo de comunicación política que persiste en las campañas electorales.
Desde hace tiempo sabemos que dichas campañas son de muy mala calidad, que sólo atienden a una lógica emocional, que son paupérrimas en su contenido político, que no contribuyen en nada al debate ciudadano, que provocan repulsión en la mayoría de la población y que generan un gasto excesivo e injustificable.
Desde hace tiempo mi propuesta en torno a las campañas electorales es muy radical: cero pesos de financiamiento público, los partidos deberían de vivir de las cuotas de sus militantes (debidamente registrados y con límites muy definidos) y el financiamiento privado debería ser mínimo y muy fiscalizado.
Además, la autoridad electoral debería propiciar debates temáticos que sean trasmitidos de forma gratuita en los principales Medios de Comunicación. Esto cambiaría radicalmente las campañas electorales en su propuesta y reduciría de forma drástica el uso de financiamiento ilegal y además evitaría que los gobernantes electos tuvieran que “devolver” el favor a los grandes financiadores de campañas.
Más diálogo, menos escándalo
Los escándalos a través de videos filtrados generan mucho morbo político, pero sí realmente queremos avanzar para mejorar nuestra democracia, debemos proceder de acuerdo a lo que dicta la ley (sancionar a todos aquellos que cometieron delitos sin ningún tipo de excepción) y para este caso, construir un modelo de comunicación política en las campañas electorales, que no esté basado en el derroche de recursos, sino en el debate y en el diálogo genuino de los aspirantes a puestos de elección popular con el electorado.
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