Es evidente que una agenda pendiente en el país es la autonomía entre poderes y la creación de contrapesos efectivos entre ellos.
Jorge Rocha
Cualquier democracia que se precie de serlo, implica el equilibrio de poderes, es decir, la mutua vigilancia, la repartición de competencias y los contrapesos entre las instancias que gobiernan un país, para lograr con ello, que el poder se distribuya de forma razonable y constructiva.
La Dictadura Perfecta
En México, la concentración de poder en la presidencia es un problema histórico y nunca resuelto.
Hace años el PAN y el PRD acusaban al PRI de este fenómeno y llamaron al poder ejecutivo ‘presidencia imperial’, e incluso Vargas Llosa la catalogó como ‘la dictadura perfecta’.
Con Enrique Peña Nieto comenzó un proceso de reconcentración de recursos que hicieron que su presidencia, a pesar de la muy baja legitimidad que tuvo, volviera a tener mucho poder. Los gobiernos a cargo de Acción Nacional tampoco fueron ajenos a esta dinámica y buscaron presionar y controlar a los otros dos poderes, en especial en la gestión de Felipe Calderón.
Ahora vivimos un nuevo episodio de esta película, con un Presidente que tiene una importante mayoría en el Congreso de la Unión y que parece estar más preocupado porque en los próximos comicios para la renovación de la Cámara de Diputados se vuelva a refrendar esta mayoría, además de ganar la mayor cantidad de las 15 gubernaturas en disputa.
En este escenario, ahora son el PAN, el PRI y el PRD los que critican a MORENA de esta situación, sin asumir críticamente que ellos mismos fueron beneficiados de este proceso y que no hicieron las reformas legales para evitar que tengamos estos problemas.
Si en México los tres poderes fueran una mesa de tres patas, desde hace mucho tenemos una mesa chueca, con un super poder ejecutivo, un poder legislativo sujeto a los vaivenes de su composición y con un poder judicial que no termina por ser autónomo.
Problemas Añejos
Semanas atrás tuvimos dos hechos que muestran de nueva cuenta que el equilibrio de poderes en México es una agenda pendiente. El primero es el encontronazo del Presidente Andrés Manuel López Obrador con el Consejo General del INE, el segundo fue la aprobación en la Cámara de Senadores de la extensión del Ministro Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El enfrentamiento del Presidente con el INE ya viene de antaño y la relación de López Obrador con las autoridades electorales está deteriorada desde el proceso electoral del año 2006, donde el tabasqueño afirmó que el entonces Consejo General había sido imparcial en su proceder y había favorecido a Felipe Calderón.
A lo largo de su administración López Obrador ha hecho críticas al órgano electoral, pero el último conflicto se dio por la negativa de la candidatura a gobernador de Guerrero de Félix Salgado Macedonio. Frente a este hecho, el Presidente amagó por impulsar una reforma al INE.
Mi particular punto de vista es que el INE sí requiere de una cirugía mayor y que el modelo de campañas que tenemos está agotado; sin embargo, y a diferencia de lo que plantea López Obrador, estas reformas tienen que ir en el sentido de fortalecer la autonomía del INE, hacer campañas más adecuadas al momento presente y para generar un modelo de partidos políticos que verdaderamente respondan a la ciudadanía y no a sus cúpulas. Para este caso, las intenciones del Presidente vulneran los principios con los que fue creado el INE y no ayuda al equilibrio de poderes.
Por otro lado, el Partido Verde presentó en el Senado de la República una iniciativa para incrementar en dos años la presidencia de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicha petición fue aprobada en la Cámara Alta. El periodo del Zaldívar concluye en el año 2022 y esta reforma extendería su gestión hasta el año 2024, cuando también el Presidente de la República dejaría su cargo. Cabe señalar que esta reforma no fue pedida por el Poder Judicial, y al parecer tiene la intención de “cuadrar” el periodo del Ministro presidente con la gestión de López Obrador. Esto vulnera la autonomía de poderes y puede considerarse una intromisión de un poder en otro.
Más allá de estos dos casos, es evidente que una agenda pendiente en México es la autonomía entre poderes y la creación de contrapesos efectivos entre ellos. La historia es clara, el partido en turno aprovecha “su momento” y los otros se quejan de la situación, pero hasta ahora, ninguna de las principales fuerzas políticas del país ha buscado de forma genuina el sano equilibrio de poderes.
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