Luis Sánchez
21/08/2022
La estrategia de seguridad pública ha fracasado
Desde su anuncio, por allá del 2019, uno de los miedos que se tenían respecto a la conformación de la Guardia Nacional (GN) era que terminara siendo parte de la estructura de las fuerzas armadas y, con ello, se diera un paso más hacia la militarización del país. Actualmente, la institución es un órgano desconcentrado que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con Luis Rodríguez Bucio como su comandante general, un ex militar en retiro. Al día de hoy, 3 de cada 4 de sus elementos provienen de las Fuerzas Armadas, y sus mandos siguen un patrón similar de preponderancia castrense,
según la información revelada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Sin embargo, esta situación puede cambiar durante el próximo mes.
Hace una semana, el Presidente López Obrador, anunció en su conferencia de prensa matutina que la Guardia Nacional dependerá por completo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a través de un decreto donde el Ejército asumirá el control operativo y administrativo del cuerpo de seguridad que en 2019 se anunció como una institución que tendría un mando civil, lo cual nunca ocurrió en realidad, a pesar de que el acuerdo original dictaba que para dar luz verde a su conformación, la nueva corporación tuviera un mando civil.
“Voy a emitir un acuerdo para que ya, por completo, la Guardia Nacional dependa de la SEDENA, y esperamos el resultado de la reforma (…). Lo que quiero es que quede establecido constitucionalmente para que no le den marcha atrás, porque si lo dejamos sin reforma constitucional va a permanecer, pero lo que no quiero es que pase con la Guardia Nacional lo mismo que con la Policía Federal Preventiva, que la dejaron suelta, dependiendo de políticos y se echó a perder, se corrompió. Queremos que la Guardia Nacional quede inscrita a la Defensa como las Fuerzas Aéreas y otras ramas que tienen que ver con la defensa”.
Ante dicho anuncio, la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) México ha insistido en el fortalecimiento de las instituciones civiles en México, asegurando el carácter civil de las corporaciones de seguridad y haciendo énfasis en que el uso de las Fuerzas Armadas, en tareas de seguridad pública, es excepcional. La oficina de la Alta Comisionada termina su petición instando a que la naturaleza civil de la Guardia Nacional y de la seguridad pública consagrada constitucionalmente, sea mantenida.
ESTRATEGIA DE SEGURIDAD FALLIDA
La realidad que vivimos durante la última semana en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California, son la prueba más clara de que la estrategia de seguridad pública ha fracasado y que la Guardia Nacional no se ha terminado de consolidar, pero por otro lado, los hechos han demostrado que la militarización de
la seguridad no ha significado una reducción de la violencia, por el contrario, aumenta el riesgo de violaciones a los derechos humanos y no disminuye que se cometan delitos. Sin embargo, si lo planteamos fríamente, no existe alguna otra instancia que pueda generar esta consolidación; lo ideal sería que existiese un acuerdo para que la GN pase “prestada” a las fuerzas armadas y, posteriormente, una vez pacificado el país, regresara al mando civil, pero dada su historia, este escenario luce igual de complejo,
que el presente.
Habrá que esperar hasta el 16 de septiembre, fecha que se tiene previsto el pase de estafeta, para saber las condiciones en las cuales se dará esto, y si la SCJN avala este decreto y no lo considera inconstitucional.
Nos leemos la siguiente semana con mejores noticias, y recuerda luchar, luchar siempre, pero siempre luchar, desde espacios más informados, que construyen realidades menos desiguales y pacíficas.
