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Laura Castro Golarte

La Independencia de México empezó como un movimiento social sin precedente; distinto por eso a los procesos revolucionarios del resto de la América hispana que se dieron prácticamente de forma simultánea. Así lo reconocen hoy historiadores de aquí y allende las fronteras.
Las referencias históricas en el marco contextual del paquete de reformas que se acaba de presentar a consideración del Poder Legislativo en México no son sólo datos, fechas, nombres… Hay un significado profundo que nos revela y nos recuerda que las demandas por igualdad y justicia son añejas; y nos confirma todo por lo que los mexicanos hemos pasado en casi 214 años de historia.
Las Constituciones políticas de 1824 (de la que este año se cumplirán, en octubre, 200 años), de 1857 y de 1917, son la prueba de que, efectivamente, la esencia de esos procesos fue social y popular. De manera insistente y en contextos complejos, violentos, de luchas intestinas, de polarización, impulsos, revoluciones y resistencias, el México profundo ha persistido en los propósitos, generación tras generación, de vivir una vida buena, justa, sin explotación ni abusos; donde se respeten derechos y se cumplan obligaciones (este binomio es indisoluble) y se elimine la pobreza y la desigualdad.
Por eso los mexicanos y mexicanas, el pueblo raso, son y han sido los grandes héroes de nuestra historia.

En algún momento del siglo XX, este enfoque se perdió y los cambios constitucionales, en sucesivas reformas, revirtieron el contenido profundamente social de la Constitución vigente, la de 1917. Se hizo poco a poco y las exposiciones de motivos nos vendieron la idea de que México, por fin, formaría parte de los países más desarrollados. ¿Desde cuándo hemos estado esperando? En lugar de eso, las condiciones de los trabajadores, de los campesinos, de los indígenas, de por sí precarias, empeoraron.
Se profundizó la desigualdad y el número de mexicanos en extrema pobreza se incrementó.
También aumentaron de manera exponencial las deudas externa e interna. Se le metió el acelerador al frenesí privatizador y sólo unos cuantos resultaron beneficiados. Es lo que hemos vivido desde hace casi 50 años con la corrupción progresiva como telón de fondo.

Las reformas que se presentaron el 5 de febrero pasado, justo cuando se cumplieron 107 años desde la promulgación de la Carta Magna vigente, primero, proponen el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público.
Por fin. Se ha avanzado en esta materia con los pueblos originarios del norte y del sureste; pero falta.
También se trata de revertir el daño infringido a la clase trabajadora en general con las reformas de pensiones de 1997 (administración de Ernesto Zedillo) y de 2007 (administración calderonista), para que los trabajadores puedan pensionarse con el 100 % del salario que ganan en el momento del retiro; y que la edad baje de 68 a 65 años para poder hacerlo.
Atención médica integral, derecho a la vivienda, a la educación y el trabajo (estos dos últimos especialmente para los jóvenes); protección y apoyo para adultos mayores y personas con discapacidad; prohibición de vapeadores y de drogas químicas; becas estudiantiles, programas y medidas para campesinos y pescadores, y propuestas en materia salarial para que el incremento nunca sea por debajo de la inflación.

Este es el contenido social que ya veremos cómo es abordado en el Poder Legislativo cuya LXV Legislatura acaba de empezar el último periodo ordinario de sesiones. El escenario está marcado por un proceso electoral que sin duda ejercerá influencia en las decisiones. Aquí, para los beneficiarios de estas reformas, será fundamental observar quién rechaza propuestas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de la mayor parte de los mexicanos y seguir con la tendencia de reducción de la pobreza y la desigualdad; y quién las aprueba.

Otra parte de las reformas tiene que ver con atajar la corrupción, el despilfarro y la inseguridad; y también para proteger los recursos naturales: austeridad republicana como política de Estado; prohibición de la minería a cielo abierto y del fracking, respetar las zonas con escasez de agua; considerar graves los delitos de extorsión y fiscal (léase factureras); prohibición del maltrato animal; Guardia Nacional como parte de la Defensa Nacional; CFE empresa pública y estratégica; reforma electoral para reducir costos (menos presupuesto para partidos y campañas, eliminación de plurinominales) y elección directa de consejeros y magistrados electorales. También se propone elección directa de magistrados y jueces del Poder Judicial y la eliminación de los organismos y dependencias “onerosos y elitistas”. Estas últimas, particularmente, son de las más polémicas de todo el paquete y es fácil pensar que no pasarán.

Ya veremos, hay que estar atentos. Son reformas necesarias, algunas urgentes, para recuperar el profundo contenido de nuestras constituciones: justicia social.

@arquimedios_gdl

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