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Luis Sánchez

28/08/2022

El 27 de enero del 2015, la investigación realizada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, encabezada por Jesús Murillo Karam, aseguró que los 43 normalistas de Ayotzinapa “fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan”, en Cocula: “Ésta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy”, reveló el entonces titular de la Procuraduría General de la República.

Sin embargo, esta supuesta verdad dio un giro la semana pasada, con la presentación del informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, la noche del 26 de septiembre, en Iguala, Guerrero, dado a conocer por la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa (CVAJ), a través de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la actual administración.

El informe establece que la desaparición de los 43 estudiantes fue un crimen de Estado, en el que estuvieron involucrados integrantes del grupo delictivo “Guerreros Unidos” y agentes de distintas instituciones de los 3 órdenes de gobierno del Estado Mexicano: “Las acciones, omisiones y participación de autoridades federales y estatales, permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”, declaró Encinas el pasado jueves 18 de agosto.

Uno de los elementos que destaca en el informe es la revelación de un soldado encubierto, desde 2012, en la Normal Isidro Burgos, Julio César López Palotzin, quien desde hacía años informaba de todas las acciones que se llevaban a cabo en la Normal, los mítines y movilizaciones, entre ellas la del 2 de Octubre, en Ciudad de México, donde los estudiantes acordaron tomar camiones de la Central de Iguala, para llegar a la capital. Sin embargo, el 26 de septiembre a las 10:00 am fue su última conexión, posteriormente, López desapareció junto con los otros estudiantes, sin que los mandos militares hicieran algo para garantizar su integridad y búsqueda, como establece el Protocolo para Militares Desaparecidos. De haberse aplicado, hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado López Patolzin, sino a todos los estudiantes.

CAPTURAN A MURILLO KARAM

Al día siguiente de la presentación del informe, se dio a conocer la captura de Jesús Murillo Karam por parte de la Fiscalía General de la República, además de dar a conocer que va tras 20 mandos militares y funcionarios estatales y municipales que estuvieron implicados en la desaparición y homicidio de los estudiantes. “La creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de los agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”, se lee en el informe ­ final, que cambia por completo el relato o­ficial y nos con­firma lo que muchos ya veníamos sabiendo desde hace años: En Ayotzinapa, fue el Ejército y fue el Estado.

La Secretaría de la Defensa estuvo enterada en todo momento de lo que ocurría en Iguala, además de los movimientos de los integrantes de “Guerreros Unidos”, coludidos con distintos elementos de instituciones policiales, que se llevaron a los estudiantes por grupos para posteriormente desaparecerlos. Destaca en el informe la participación de un “coronel”, quien dio la orden de asesinarlos y, posteriormente, llevar los restos al Batallón 27 de Infantería, en Iguala, Guerrero. Lo que refuerza la tesis de que los estudiantes fueron incinerados para borrar rastro. Hipótesis que durante muchos años sostuvieron los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, quienes pedían el ingreso al Batallón para buscarlos, petición que siempre les fue negada.

Estas revelaciones resultan claves en un contexto donde el Presidente López Obrador busca entregarle la Guardia Nacional a la SEDENA. Un cuerpo de seguridad que fue creado para cuidar a los mexicanos será entregado a una institución con señalamientos de graves violaciones a derechos humanos, entre los que destacan tortura, desaparición forzada y asesinato. ¿Por qué entregarle un cuerpo hecho para proteger personas a una institución que coadyuva en la desaparición forzada de personas?

Nos leemos la siguiente semana con mejores noticias y recuerda luchar, luchar siempre, pero siempre luchar, desde espacios más informados, que construyen realidades menos desiguales y pací­ficas.

@arquimedios_gdl

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