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ALFREDO ARNOLD

“Cuatro de cada diez compras públicas en el 2022 se otorgaron sin licitaciones y la cuarta parte de los concursos tuvieron tres participantes o menos, según resultados del Índice de Riesgos de Corrupción, que presentó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). El mismo estudio señaló que el gobierno federal otorgó contratos por 3 mil 473 millones a empresas de reciente creación y que el riesgo de malos manejos subió en 184 instituciones, mientras que disminuyó en 76”. (Llamada en portada del diario Ovaciones del pasado 18 de julio).
Es decir, hay opacidad en el manejo del dinero público. Y si a este dictamen oficial le sumamos el fraude en Segalmex, el aumento en el costo de Dos Bocas, la extraña compra de las plantas eléctricas de Ibedrola, la entrega indiscriminada de pensiones sin existir padrones de beneficiarios, si las “corcholatas” gastan a diestra y siniestra, si se silencia ilegalmente al INAI, que es quien debería proporcionar información fidedigna, etcétera, entonces podemos conjeturar, sospechar, no afirmar, que la corrupción no ha sido desterrada.

El problema de la corrupción fue ampliamente denunciado como el principal problema de México desde hace varios sexenios. También fue el principal tema de la pasada campaña presidencial y sigue siendo el principal argumento a favor de la 4T: “Ya no es como antes”. Sin embargo, parece que la corrupción, herencia histórica de los gobiernos mexicanos, no era el principal problema. Por más trabajo que cueste decirlo, podían convivir “civilizadamente” la corrupción y el desarrollo.

El problema más grave es, sin lugar a dudas, la violencia, la inseguridad pública. Y no es que la corrupción sea un mal menor; ya documentaba la OCDE desde hace varios años a cuánto equivalía el costo de la corrupción con respecto al PIB. Encarecía la operación de las empresas, despojaba las arcas públicas y ahuyentaba la inversión extranjera. Pero, en todo caso, era menos grave dar una “mordida” a un policía que matarlo.
México fue capaz de desarrollarse, hacer obra pública relevante, crear empleos, convertirse en líder exportador de manufacturas, ofrecer cierta calidad en educación y salud y llevar bienestar a la población, a pesar de la corrupción que imperaba en gobiernos anteriores. La violencia, en cambio, inhibe todo lo anterior.
Quizá fue un diagnóstico equivocado o sólo una estrategia para ganar votos el hecho de casarse con el combate a la corrupción en lugar de optar por combatir la violencia. Ambas son muy dañinas para el país, pero se diferencian en los resultados sociales que producen.
Y lo peor es que la violencia se extiende a pasos agigantados, no es privativa de la delincuencia, sino que penetra como herrumbre en el tejido social.
Erradicar la violencia puede parecer utópico sobre todo en el corto plazo, pero es necesario que el próximo gobierno, bien sea que lo encabece una “corcholata” o alguien del Frente Opositor, se avoque prioritariamente a este tema. Lo demás se irá dando en consecuencia: salud, educación, desarrollo económico, empleo, justa distribución de la riqueza, incluso disminución de la corrupción.
Por lo pronto, de acuerdo al IMCO, entre 2021 y 2022 los riesgos de corrupción en las compras públicas del Gobierno Federal aumentaron. Las instituciones federales obtuvieron el mayor puntaje de riesgo con 70 sobre 100 puntos, donde 100 es el mayor riesgo de corrupción.

El autor es LAE, diplomado en Filosofía, periodista de vasta experiencia y académico en la Universidad Autónoma de Guadalajara.

@arquimedios_gdl

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