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LUIS IGNACIO ROMÁN MORALES

Los periodos electorales, comúnmente, implican situaciones especiales en la manera cómo funciona y se interpreta la economía. Los gobiernos, a nivel mundial y particularmente en México, tienden a incrementar su gasto; las fuerzas de apoyo a los gobiernos en turno tienden a subrayar los éxitos logrados y a ocultar o desdeñar los problemas; las fuerzas opositoras hacen lo contrario y menosprecian lo que haya funcionado bien y magnifican los problemas y riesgos.
Sea quien sea el gobernante y el opositor, los gobernantes suelen compararse contra lo peor del pasado, para manifestar lo bueno que han hecho, en tanto que los opositores cuestionan resultados y los comparan con un imaginario de lo bien que supuestamente nos iría con ellos. Cada pastorcito jala para su corralito.
La primera particularidad de estos años electorales es el aumento del gasto público, parcialmente financiado por una contratación de deuda pública superior a la tendencia que se llevaba este sexenio.
El gobierno explica que este incremento se debe, principalmente, a la expectativa de que en este 2024 esté bajando la exportación de petróleo, tanto por bajas en los precios como en la cantidad de petróleo exportado, lo que redundará en una baja en la captación de ingresos públicos, lo que a su vez lleva a la contratación de más deuda.
Esto es cierto, pero también lo es que tal situación se da en una momento en que requiere financiar un costosísimo proceso electoral, en que se intensifica el traslado de recursos para los programas sociales (en especial las transferencias monetarias a diversos grupos de población) y, en tercer lugar, que se requiere intensificar la inversión pública para cumplimentar las principales obras de infraestructura de esta administración (tren maya, refinería de dos bocas, ferrocarril trans-ítsmico, tren México-Toluca, etc) y la consolidación de empresas estatales (Mexicana de Aviación, Litio, inversión en CFE, etc).
En suma, es un año en el que con ingresos regulares golpeados se requieren grandes sumas para un creciente gasto corriente, de inversión y para el pago de deudas con altas tasas de interés. Pese a todo, estamos lejos de una situación financiera crítica: La deuda representará 48% del PIB, cuando en los Estados Unidos es de 125% y en Japón del 250%.
Más allá de lo que esté ocurriendo, en un año electoral lo fundamental entre las fuerzas políticas es incidir en nuestra opinión sobre eso que ocurre. A la expresión “no hay mal que por bien no venga” podría agregarse su contraparte “no hay bien que por mal no venga”.
Al igual que las monedas, las economías siempre tienen una doble cara, aunque el balance siempre irá cargado hacia alguno de los lados.

Las fuerzas opositoras, especialmente el bloque partidista opositor al gobierno, estarán centrando sus mensajes económicos en todo lo que consideren que pueda influir en nuestra opinión de que la economía va mal: el incremento en la deuda pública; el costo, la falta de transparencia, el impacto ambiental y las de ciencias de las obras de infraestructura; el clientelismo que generan las transferencias monetarias hacia diversos grupos sociales y los riesgos financieros en el país.

Como todo discurso político, estos mensajes estarán cargados de una mezcla de algunos argumentos reales, otros magnificados y unos más distorsionados. Habrá una parte de crítica válida y fundamentada, y otra de simple cuestionamiento retórico. Es igualmente esperable la elusión o la falta de reconocimiento de aquellas decisiones que hayan contribuido a la mejora en el funcionamiento socioeconómico del país.
Del lado progubernamental, tendremos la cara opuesta de la moneda. Será un discurso centrado en los logros obtenidos: mejora en la distribución del ingreso, reducción de la pobreza, mejoras sustantivas en salarios y derechos laborales, aumentos del empleo formal, grandes obras de infraestructura, estabilidad financiera (baja inflación, superpeso, altas reservas internacionales, fuerte inversión extranjera, etc), crecimiento en la producción, austeridad gubernamental, etc.
Al igual que en el discurso opositor, habrá una combinación de factores reales que validen el discurso, factores externos a lo realizado por el gobierno (como el nearshoring) y la subestimación de los problemas y riesgos que se han intensificado (violencia, peso de las fuerzas armadas en la vida económica del país, daño ambiental, riesgos financieros de la seguridad social, etc).

En suma, la economía y las perspectivas para el país no son tan buenas como dice el gobierno, ni tan malas como dice la oposición. El gran riesgo en esta rebatinga política no está en los factores estructurales que pudiesen desencadenar una crisis en el corto plazo (el cielo económico no está lleno de nubarrones), sino en la penetración de un discurso político que nos convenza de que efectivamente se nos avecina una gran tormenta.

Si logra penetrar el mensaje de que hay una alta inestabilidad, el discurso mismo generará inestabilidad. Por su parte, un discurso gubernamental que niegue la necesidad de cambios con respecto a lo realizado durante esta administración sólo alimentará inercias y el incremento gradual de riesgos sociales y económicos.
Considero que estamos en un momento en que debemos tener firmes los pies en la tierra, aceptar que por una parte se han tomado decisiones correctas y que, por otra parte, no todo se ha hecho bien, que hay cosas que cambiar e inercias que hay que romper. Requerimos de una crítica realmente argumentada y constructiva, así como de contrapoderes reales al Estado que no respondan a intereses fácticos por parte de grandes grupos de poder económico.
En todo caso, lograr un mejor medie ambiente requiere el resarcimiento de los daños acumulados y eso cuesta mucho. Lograr una mejor atención pública a nuestra salud, también es costosísimo, al igual que la mejora sustantiva
de la educación, de la infraestructura, de las pensiones y, en general, del cumplimiento general de nuestros derechos sociales. En contraparte, se requiere el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas y de evaluación operativa de las acciones gubernamentales.
Por un lado, se requiere mucho más dinero del Estado, por el otro, se requiere mucho más seguimiento auténticamente ciudadano (no corporativo) del mismo. Hacia adelante requerimos un Estado más fuerte, más autónomo de los poderes financieros, pero con contrapoderes sociales más fuertes. Esa es una tarea pendiente para construir un futuro equitativo y estable.

@arquimedios_gdl

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