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Luis Sánchez

Septiembre, además de ser el tradicional mes patrio, también es hogar de una fecha de gran importancia para nuestra sociedad; el pasado 20 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Libertad de Expresión de Pensamiento. Este día comenzó a celebrarse para conmemorar la “Brecha de la Porta Pía” en Roma, hecho mediante el cual las fuerzas patrióticas italianas derrotaron a las fuerzas del Vaticano, aliadas al Imperio Francés. Al conmemorarse, se pretende reafirmar y apoyar la diversidad de opiniones y el derecho a la libertad de expresión sin hostigamiento a los pensamientos, opiniones y creencias de las personas, como base de la sociedad moderna.

Compartir noticias en redes sociales, asistir a protestas y exigir a nuestros tomadores de decisiones sobre temas que nos preocupan, son algunos ejemplos del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, la cual existe cuando nosotros como ciudadanos expresamos nuestro sentir sin temer consecuencias o represalias. En este sentido, la semana pasada, mientras leía el periódico, me topé con una noticia en la sección de Internacionales que me llamó fuertemente la atención: el Parlamento de Jordania aprobó una nueva ley para el cibercrimen, por un lado, el Gobierno la defiende como una herramienta para castigar extorsionadores y agresores en línea; sin embargo, ha generado una gran preocupación entre opositores, ciudadanos y organizaciones de derechos humanos, pues consideran que reduce la libertad de expresión y el acceso a la información. Esto me recordó al año 2014, cuando en México quisieron aprobar la Ley de Telecomunicaciones, la cual avalaba una serie de mecanismos de censura, que privilegiaban a los grupos de poder y coartaba las libertades ganadas por la ciudadanía.

Aterrizando esto a la situación nacional, podemos partir de dos pilares fundamentales para mantener este eje democrático: exigir como ciudadanos la rendición de cuentas, para tener una percepción más clara de la actuación del gobierno, y por otro lado, la participación activa de ciudadanos en consultas y manifestaciones, que permita que decisiones poco populares puedan ser revertidas a partir del mensaje recibido. El Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la libertad de expresión:

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Aunque actualmente la polarización en el país es muy alta, podemos afirmar que se garantiza este derecho. Sin embargo, hay una serie de cuestiones pendientes, sobre todo alrededor del ejercicio periodístico, ya que desde el año 2000, más de 150 periodistas han sido asesinados en el país; comprometiendo la libertad de expresión y el acceso a la información. Sin duda es un tema al cual se le debe poner especial atención para que el próximo gobierno no repita los errores de las últimas 4 administraciones y pueda garantizarse, tanto a los periodistas, como a la población en general.

En este sentido, los Estados que respetan la toma de decisiones ciudadanas, el acceso a la información veraz respecto a diversos temas y la apertura a la libre manifestación en las diversas formas posibles, son mayormente democráticos. Hay que recordar que una democracia está encaminada a alcanzar un ideal; parte de la libre manifestación de ideas, que tiene como causal el acceso a información veraz y actualizada. Luchemos porque eso no se pierda, y al contrario, mantenga un proceso de mejoras.
Nos leemos la siguiente semana, y recuerda luchar, luchar siempre, pero siempre luchar, desde espacios más informados, que construyen realidades menos desiguales y pacíficas.

@arquimedios_gdl

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