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Jorge Rocha

Cuando se empezaron a realizar las primeras marchas para exigir que las autoridades pongan un alto a la violencia en contra de las mujeres, en este mismo espacio dijimos que esta situación no cesaría, mientras no se vieran estrategias claras y efectivas para la disminución de este tipo de delitos. En aquel momento buena parte de la discusión se centró en las formas y los modos con los cuales los colectivos feministas se estaban manifestando y, desde mi punto de vista, se dejó un poco de lado el asunto central: El incremento de la violencia contra las mujeres.

Durante los últimos días fuimos testigos de dos hechos profundamente dolorosos y condenables: Los asesinatos de Ingrid Escamilla y de la niña Fátima Aldrighetti, de sólo siete años. Ambos hechos sucedieron en la Ciudad de México y han provocado fuertes olas de indignación en la opinión pública por los niveles de violencia mostrados en cada uno de ellos.

Frente a este gravísimo problema las respuestas institucionales han sino lamentables. Hace unas semanas el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, propuso la eliminación del delito de feminicidio por la dificultad que conlleva su tipificación y seguimiento, afortunadamente esta propuesta no prosperó tras abundantes críticas a esta postura; luego el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en las conferencias de prensa matutinas (mañaneras) un supuesto decálogo de su gobierno para afrontar el tema de la violencia feminicida, que sólo dejó ver la incapacidad de entender este problema, la simpleza con la que ve este asunto, y mostró escasa empatía con los movimientos sociales feministas frente a sus añejas demandas.

La situación que hemos estado viviendo reafirma los problemas estructurales que existen alrededor de esta agenda y que han tenido pocos avances en estos gobiernos, que llegaron prometiendo que afrontarían este problema, pero que no saben, o no quieren, abordarlos con la diligencia que se necesita.

Lo sucedido en estos días nos muestra que:

1.- No se han desarrollado las capacidades institucionales necesarias para encarar y disminuir la violencia contra las mujeres en los organismos del Estado; los casos que aparecen en la opinión pública refuerzan el diagnóstico de que las corporaciones de seguridad no están a la altura de estos problemas, y que no han querido o podido generar estrategias adecuadas para encarar este asunto.

2.- Es evidente que hay sectores de la sociedad y de la clase política que son incapaces de entender este problema y muestran un machismo muy arraigado y muy profundo, que los lleva a minimizar este problema de forma sistemática. Esta situación provoca que el tema no tenga la atención requerida, y que otras agendas se sobrepongan continuamente a este problema.

3.- Tanto instituciones públicas como privadas, han sido poco efectivas en la construcción de una cultura que enfatice, la necesidad de tener relaciones más equitativas e igualitarias entre mujeres y hombres. Las desigualdades están normalizadas en muchos espacios, y se requiere hacer un enorme esfuerzo por un largo tiempo para reconstruir este tipo de relaciones.

4.- Los movimientos sociales feministas van a parar, hasta que vean que sus demandas empiezan a ser escuchadas, y que efectivamente se traduzcan en acciones y políticas concretas. Los colectivos que impulsan estás agendas están creciendo y seguirán manifestándose hasta que vean resultados verificables.

5.- En este escenario tan delicado, es fundamental que todos los niveles de gobierno, y de todas las fuerzas políticas, asuman el papel que deben tomar, y que la agenda de hacer vigentes los derechos de las mujeres y que tengan una vida libre de violencia, es un tema que será de primer orden durante muchos años y que no pueden escatimar esfuerzos para su resolución.

Correo electrónico: jerqmex@hotmail.com