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En el mes de octubre la Subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda presentaron un informe sobre la situación de las y los desaparecidos en México y las cifras son verdaderamente escalofriantes.

Jorge Rocha

La pandemia derivada del COVID-19 nos tomó por sorpresa y muchas labores de la vida social y económica tuvieron un “parón” muy importante, y como sabemos hay actividades que muy posiblemente podremos realizar hasta el próximo año. Sin embargo, uno de los procesos que nunca se detuvo y que representa una tragedia para México es la persistencia de la desaparición de personas.

Alejandro Encinas reportó que, del año 2006 a la fecha, hay un registro histórico de 77 mil 178 personas desaparecidas, de las cuales el 18 % desaparecieron de diciembre de 2018 a la fecha. En los últimos dos años, Jalisco es la entidad con el mayor número de personas desaparecidas con 3,568 casos (25.82 % del total de este periodo), le sigue el estado de Guanajuato con 1,216 casos (8.80% del total), luego Tamaulipas con 1,206 reportes de personas desaparecidas (8.76% del total) y en cuarto lugar se ubica la Ciudad de México con 1,191 casos de personas desaparecidas (8.62% del total del periodo).

También se dio a conocer que se han localizado 4 mil 92 fosas clandestinas a largo y ancho del país, de las cuales se han exhumado 6 mil 90 cuerpos.

Algo se está haciendo

Estas instancias, además de las Fiscalías locales y las comisiones de búsqueda de cada entidad, han mejorado sus procesos de búsqueda de personas, en la mayoría de los casos encuentran a las personas con vida (93%), y desafortunadamente un 6.32% fueron hallados sin vida.

Es más, hay zonas del país donde el fenómeno ha crecido como en los estados de Guanajuato y Ciudad de México; y en otros como Jalisco, Tamaulipas o Veracruz, los avances para contener este problema han sido muy poco efectivos.

Se ha mejorado en la búsqueda de personas, pero no hay avances en atacar las causas que provocan la desaparición.

Un México diverso

Hay que añadir que estas dinámicas responden a procesos locales y territoriales; y que no es posible generar políticas que funcionen de la misma manera en todo el país. Entender la diversidad de procesos delictivos territoriales será clave para lograr resolver este gravísimo problema. Recordemos que la gente no “desaparece”, la desaparecen, es decir, es una acción premeditada que busca un objetivo; y esto es lo que hay que combatir.

Para el caso del Estado de Jalisco, donde el problema es muy grave, hace falta mucho camino por recorrer, que va desde que las instancias de procuración de justicia y seguridad logren contrarrestar las dinámicas que provocan el fenómeno, pasando por mejorar sustantivamente los procesos forenses; y hasta la adecuación del marco normativo que ayude a aliviar un poco el drama de las familias de personas desaparecidas. La actual discusión que se está dando en el Congreso Local para aprobar las leyes de declaración de ausencia, de personas desaparecidas y de víctimas puede representar un avance para atajar este asunto. Es clave la voluntad política de todos los actores sociales e institucionales implicados en el asunto, para lograr una buena legislación.

Los estados de Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas concentran el 49.5 % del total de fosas ubicadas en el territorio nacional. 

Posdata

En días pasados el Congreso de la Unión aprobó la extinción de más de un centenar de fideicomisos, muchos de ellos dedicados a agendas de investigación, derechos humanos y atención a víctimas. La razón que el Presidente plantea para impulsar esta decisión, es que en dichos mecanismos había mucha corrupción. Sin negar que es posible que esto suceda, no hubo ninguna evidencia concreta de ello. Una vez más la Cuarta Transformación toma decisiones a rajatabla, donde quizá se resuelven algunos problemas, pero se generan efectos negativos colaterales muy altos.

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