José Rubén Alonso González
Guanajuato, Jalisco y Colima fueron escenarios de una tregua entre las partes, mandatarios locales y el Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador. Una gira para expresar públicamente unión en un tema común: la inseguridad pública y el combate al crimen organizado; aunque en el fondo, también, en las formas, una tregua política, con reclamo federalista en la distribución de los recursos públicos a través de un nuevo Pacto Fiscal.
La inseguridad pública
En materia de seguridad, con sus particularidades, los tres estados visitados por el Presidente, “territorio caliente” en materia de crimen organizado, se erigen como referencia local y nacional: Guanajuato con el Cártel Santa Rosa de Lima y su líder identificado como José Antonio Yépez “El Marro”, ha experimentado del Gobierno Federal un combate directo desde el “huachicol” hasta la detención y luego liberación de familiares del líder de ese cártel, entre diferendos con autoridades locales de Guanajuato con federales.
Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, del PAN, aprovechó para restablecer la comunicación y colaboración con el gobierno federal en el combate a la delincuencia: “es a través del trabajo conjunto con el gobierno federal como vamos a salir adelante”, le dijo a López Obrador.
En Jalisco, un referente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CGNG), con ramificaciones en el occidente, centro y sureste de México, con la particularidad de contar con un gobernador que ha empujado la propuesta de un nuevo pacto fiscal con la federación, aglutinando a gobernadores de once entidades del país. Un “nuevo pacto fiscal justo y equitativo para que las finanzas públicas puedan jugar de verdad un papel importante en el proceso de reactivación”, señaló el gobernador jalisciense emanado de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, al presidente López Obrador en la Base Aérea Militar de Zapopan, Jalisco, el jueves 16 de julio.
El encuentro en Jalisco, además, implicó “acercamiento” con uno de los integrantes del “Alianza Federalista” para la revisión del Pacto Fiscal con la federación, que un día antes, en Durango, había congregado a gobernadores de oposición.
Por otra parte, para el viernes, en Colima, gobernado por el priista José Ignacio Peralta, desde el puerto de Manzanillo, frente a las prácticas centralistas del poder público de la República, el mandatario enfatizó el reclamo de mandatarios aprovechando el lugar del encuentro: “El puerto de Manzanillo es además uno de los símbolos históricos de nuestro esfuerzo federalista”, le dijo.
Hechos, no palabras
Una gira planeada, no dirigida para las y los ciudadanos, como las que acostumbra el Presidente de la República; de hecho, no tuvo encuentro con ciudadanas o ciudadanos.
Fue una gira de “sanación” quirúrgica para una tregua con mandatarios de partidos distintos a de Morena, y algunos con liderazgo en medio de una crisis económica que se agudiza, una emergencia sanitara que la agrava y trastoca otros campos de la vida social, y en las regiones donde grupos identificados de la delincuencia organizada tienen sus enclaves.
¿Cuánto durará la tregua? En palabras ya está desde los gobiernos locales; ahora falta una respuesta desde el centro, ya no de palabra, sino de hechos con una revisión al Pacto Fiscal de la Federación en los próximos dos meses, cuando el Presidente de la República envíe al Congreso de la Unión el Paquete del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, donde la distribución de recursos públicos entre los Estado corresponda a la crisis económica y emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19.
