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Jorge Rocha, académico del ITESO

Por fin entramos al periodo de intercampañas, que durará hasta el primero de marzo cuando comiencen en pleno las campañas electorales con candidatas y candidatos formales. Durante este tiempo me parece pertinente colocar algunos de los debates, discusiones, agendas y preocupaciones más importantes de la ciudadanía, aquellas que son motivo de exigencia por buena parte de las y los jaliscienses.
Sin duda, una de las prioridades más apremiantes de la ciudadanía es la inseguridad que priva en muchos territorios del país y que parece no tener soluciones viables y confiables. A diario vemos noticias al respecto, pero pocas veces podemos hacer ponderaciones de largo aliento al respecto de este grave problema.
Hace unos días, el Gobierno Federal presentó los resultados de la estadística criminal a lo largo del año 2023, y por ello conviene recuperar algunos de estos datos. De acuerdo a lo informado por la Presidencia, en este momento el Gobierno Federal cuenta con 280,455 efectivos entre la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina. Los delitos federales que tuvieron una baja significativa fueron el contrabando de personas y los delitos financieros. Los que se incrementaron fueron los delitos fiscales y los delitos relacionados con armas de fuego y explosivos. Los homicidios dolosos se ubicaron en 29,675 casos, que representan una disminución frente a 2022, donde se perpetraron 33,287 asesinatos. Es la primera vez desde que comenzó el sexenio de López Obrador donde la cifra está por debajo de los 30 mil homicidios. Ahora bien, durante el año que recientemente concluyó, seis estados aglutinan el 46.8% de los homicidios, a saber, en orden de incidencia: Guanajuato (3,104), Estado de México (2,597), Baja California (2,417), Chihuahua (2,072), Jalisco (1955) y Michoacán (1,756). Contrasta con estados donde los homicidios dolosos durante 2023 fueron los más bajos, como Baja California Sur (27), Yucatán (34), Durango (91) y Aguascalientes (95).
Por otro lado, en lo que se refiere a la desaparición de personas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas señala que, a la fecha, en México hay 114,400 personas que están desaparecidas y no localizadas. Los estados que mayor incidencia de este problema tienen son: Jalisco (14,944), Tamaulipas (12,964), Estado de México (12,033), Veracruz (6,988) y Nuevo León (6,670). Por otro lado, las entidades donde hay menor incidencia de este problema son Campeche (92), Tlaxcala (142), Tabasco (265), Yucatán (315) y Aguascalientes (340). Estas cifras están actualizadas al 22 de enero de 2024, y en este caso no se experimenta ninguna tendencia a la baja.

Con estos datos podemos hacer algunas inferencias al respecto de este grave problema:
1) Efectivamente, se constata una tendencia a la baja en los homicidios dolosos en los últimos tres años; sin embargo, nos mantenemos en una meseta alta en la incidencia de este delito, que apenas hasta este año logró bajar la cifra de los 30 mil asesinatos al año.
Frente al comienzo del sexenio hay una reducción del 20% que sin duda es importante, pero de ninguna forma se pueden echar las “campanas al vuelo” ya que el descenso no está acorde con las expectativas generadas en torno a la resolución de este problema.
2) El problema de la desaparición de personas no tiene contención y hasta ahora no se experimenta un descenso en las cifras. Hay entidades donde el problema es mayúsculo y no se vislumbran estrategias que ayuden a combatir las causas de este fenómeno.
Sin duda que fue una mala noticia que a lo largo del año 2023 la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda haya renunciado y que se diera el “ajuste” de cifras sobre las personas que están en esta condición. En este asunto no podemos hablar de avances.
3) De ninguna forma podemos hablar que México superó la crisis de seguridad que hemos vivido desde hace tres sexenios, aun y cuando hay bajas en delitos federales y del fuero común. La situación sigue siendo apremiante, no sólo por las cifras, sino por lo que sabemos de territorios donde el crimen organizado es quien manda y que no se tienen diagnósticos ni cifras que nos otorguen conocimiento claro sobre la magnitud de este problema. También es evidente el incremento en la aparición de hechos con extrema violencia que se presentan a lo largo y ancho del país. Preocupa que tanto a nivel federal como en el caso de Jalisco, que estamos en los últimos meses de gestión de los actuales titulares del Poder Ejecutivo, ya que los años de cierre comúnmente no se generan nuevos proyectos ni iniciativas.

En resumen, hay avances pero es necesario hacer mucho más para salir de este grave problema.

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