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Uno de los más grandes factores de violencia está en las carencias democráticas y en los vicios antidemocráticos, donde las decisiones políticas no se toman para el bien de todos, sino en beneficio de intereses facciosos e ilegítimos.
Desde hace algunos años, los grupos de la delincuencia han entrado a competir en las elecciones. Por el poder que tienen lo hicieron con mayor fuerza que cuando se promovió, por ejemplo, la participación de las mujeres en las votaciones, o cuando se tomó la iniciativa de que hubiera un órgano descentralizado como árbitro de los procesos electorales, y más fuerte todavía que las luchas entre partidos por una reforma política.
Entraron en estampida a participar los cárteles en la democracia porque no encontraron dificultades para
hacerlo, es más, a algunos partidos (aunque no fuera oficialmente) y a algunos candidatos les fue favorable, en sus limitados y particulares intereses.
El poder de estos grupos en el ámbito “democrático” se ha incrementado, y no sabemos cómo detenerlo.

Pudiéramos pensar que todo candidato que quiera participar en las siguientes elecciones, las que correspondan a nivel federal, estatal o municipal, tendrá que negociar, de alguna forma, con los jefes de la plaza. No tendrán opción.

Los grupos de la delincuencia no son ajenos a lo que sucede en el país en el campo político. Se trata de dinero, sí, para los grupos y para los políticos que aspiren a gobernar; pero se trata, sobre todo, de poder, de tener el control del territorio y de la toma de decisiones que impacta la vida de los ciudadanos. No es solo el control de las actividades ilícitas, sino de apropiarse de toda la vida pública, que ya no es trabajo por el bien común (tan proclamado por la doctrina social de la Iglesia), sino que todo estará encaminado
al mal común, y no porque lo propicien, y menos lo quieran, los ciudadanos, sino porque no habrá
de otra. Será la ‘vida democrática’ “cobijada” por la delincuencia organizada, que resultó más – mucho más– estructurada que cualquier partido o movimiento político y que todo gobierno, en cualquiera de sus niveles.
La construcción de la paz debe estar alienada con el desarrollo democrático de un pueblo. Porque
a mayor democracia, mejores niveles de paz, pero en estas circunstancias, es imposible.

Una esperanza de respuesta positiva y eficaz es la organización de la sociedad, que se asemeje a un organismo vivo, con vida propia y con diversas formas de organización.
No olvidemos que la sociedad civil tiene primacía sobre el Estado, que está a su servicio, y tiene la responsabilidad de establecer un entramado jurídico que le facilite relaciones, derechos y obligaciones orientados hacia el bien común. Esto todavía lo podemos promover, exigir y actuar, porque la vida auténticamente democrática, requisito para la paz, está seriamente amenazada.
En este sentido, un desafío de la vida en democracia está en lograr que la sociedad sea competente
para su desarrollo y la aplicación de la justicia, que son el antídoto para combatir la inseguridad, la
impunidad y la corrupción.
No esperemos encontrar mucho apoyo en los que nos gobiernan, pero esto no nos debe detener.

@arquimedios_gdl

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