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Laura Castro Golarte

¿Cuándo en la vida de las actuales generaciones se había emprendido un proceso de consulta, primero; y, después, de eventuales reformas al Poder Judicial? La gran reforma al Poder Judicial fue en el siglo XIX, ya en la segunda mitad, porque en el arranque de México como país independiente, las estructuras heredadas del virreinato atrasaron cualquier cambio, pese a las muy buenas y grandes intenciones de los primeros gobernantes, el primero, de hecho, Guadalupe Victoria.
No fue fácil, nada fácil (¿qué ha sido fácil en nuestra historia?) sin embargo, con guerras, invasiones y pérdidas de por medio, fuimos capaces de levantar los pedazos de una patria destruida y la reforma al Poder Judicial, iniciada bajo el liderazgo de Benito Juárez, fue fundamental para lograrlo. En esta materia fueron dos leyes, una de Administración de Justicia y otra Orgánica de los Tribunales de la Nación, que no eran otra cosa más que el marco legal que permitiría organizar el Poder Judicial, de entrada.
No mucho tiempo después se registraron las malas prácticas en el periódico Regeneración de los hermanos Flores Magón; en cada número de la primera época por lo menos se publicaban casos no resueltos o se denunciaba a jueces corruptos. Desde entonces, la lucha para que el Poder Judicial funcione como debe, ha sido constante aunque infructuosa.

Hoy por hoy, pese a ajustes y modificaciones en el siglo XX, incluida la reforma abrupta e impuesta por Ernesto Zedillo en 1994, el Poder Judicial no funciona como debe. De eso se trata el proceso encaminado hoy en día, de propiciar cambios que conviertan a ese elemento fundamental del Estado mexicano, en un poder al servicio de los mexicanos y no de quienes tienen dinero. Sabemos que así es desde hace décadas.
No creo que se haya olvidado esa expresión que ha llegado a ser lugar común ante el recurrente llamado a denunciar la comisión de delitos: “¿Para qué denuncias? De todos modos no pasa nada, es una pérdida de tiempo”. Alguna vez lo dijimos, alguna vez lo escuchamos.

La reforma que se propone para el Poder Judicial es profunda y radical, sí, con todo el propósito de, primero, continuar con la profundidad y alcance de un cambio de régimen; y, segundo, como un elemento fundamental que erradique las viejas prácticas y proteja contra un eventual regreso (las resistencias también son constantes) al sistema anquilosado y apartado del interés superior que es el bien de México y los mexicanos.
Se están realizando foros en los que han intervenido los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), legisladores de todos los partidos y expertos en la materia; por supuesto, hay posturas a favor y en contra, pero también hay propuestas planteadas por unos y otros, ¿cuándo en la vida? De este diálogo circular no puede surgir más que una reforma que represente de verdad y no sólo en el discurso, la construcción y consolidación de un auténtico Estado de derecho.

Los principales elementos que contempla la reforma, para tenerlos en mente, son los siguientes (https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/892010/REFORMA_AL_PODER_JUDICIAL__2_CS.pdf):
1.Una nueva integración de la SCJN con el objetivo de dotar de eficiencia, austeridad y transparencia al máximo tribunal.
2.Elección popular de ministros, magistrados y jueces que aportará legitimidad democrática a los impartidores de justicia.
3.Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por órganos administrativos y disciplinarios independientes.
4.Nuevas reglas procesales, en otras palabras: justicia expedita y equilibrios entre Poderes.
La liga que agrego es una presentación con estos cuatro puntos ampliados; como integrantes de este país, de esta democracia, es importante que los conozcamos y busquemos la manera de participar si es nuestro interés hacerlo; también podemos seguir los foros que organiza el Poder Legislativo en el Canal del Congreso.

¿Qué es lo que sabemos, pero callamos por miedo o conveniencia? Lo que describió en un párrafo la ministra Lenia Batres Guadarrama: “Para nuestra población, la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial; en una palabra, es injusta”. ¿De qué trata la reforma que se propone? De responder a las demandas de la sociedad mexicana: “que las personas juzgadoras respondan a los intereses públicos y sociales, sean confiables, rindan cuentas y actúen con transparencia, honradez, racionalidad y decencia en el uso del gasto público, con sensibilidad y conciencia social, con solidaridad hacia el que sufre, con humildad y vocación de servicio”. Estamos ante una oportunidad histórica.

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