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Luis Sánchez

En la pasada entrega, tras el asesinato del fotoperiodista Alfonso Margarito Martínez Esquivel en Tijuana, Baja California, abordamos el tema de la violencia que viven las y los periodistas en México;  lamentablemente no pasaron siquiera unos días, cuando al asesinato de la reportera Lourdes Maldonado, volvió a trastocar al gremio periodístico y a poner bajo lupa la situación que viven quienes día con día ponen el cuerpo y la vida para que la sociedad esté informada.

En 2012 el gobierno de México aprobó un mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, ante la situación de violencia y vulnerabilidad que se vivió en el país tras el sexenio de Felipe Calderón; sin embargo, dicho instrumento ha resultado insuficiente, ya que 9 periodistas que formaban parte del mecanismo de protección, ya fuera a nivel local o federal, han sido asesinados, sin importar que su seguridad debía ser prioridad para las autoridades. La periodista Lourdes Maldonado es el caso más reciente.

Desde 2018, la Auditoría Superior de la Federación advirtió que las acciones realizadas por la SEGOB, la CNDH, la CEAV y la entonces PGR, para proteger periodistas, han sido insuficientes y fallidas; la implementación deficiente y desarticulada de acciones por parte de las instituciones, la falta de voluntad política, los excesos burocráticos, así como los múltiples requisitos y documentos para formar parte del mecanismo, son algunas de las razones por las que no se ha cumplido con la finalidad de detener los agravios en contra de quienes ejercen el periodismo.

Sin embargo, la violencia contra las y los periodistas, no solo tiene que ver con amenazas, agresiones, balas o asesinatos; la precariedad laboral es un elemento estructural que vulnera y aumenta el riesgo en su trabajo. Además, con la pandemia de COVID-19, sus condiciones laborales empeoraron: Cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, revelaron que más de 22,000 periodistas carecen de seguridad social; durante 2021, 62.7% tuvo una reducción en su salario, según lo documentado por Artículo 19, sin mencionar el caso de los cientos de despidos laborales, entre fotógrafos, camarógrafos, reporteros y editores, ante el cierre de distintos medios debido al ajuste de personal o por falta de ingresos.

“No se mata la verdad matando periodistas”, es la frase que más se repetía en las miles de pancartas que hubo durante las protestas del 25 de enero, convocadas en distintos puntos del país, por parte del gremio periodístico ante el asesinato de Maldonado; cabe destacar que la presencia de la sociedad en estos actos, fue mínima. Así como es urgente que el Estado tome cartas en el asunto y deje solo de condenar los hechos, sino que investigue y brinde justicia ante la impunidad que impera, es importante que como sociedad nos hagamos presentes y nos sumemos a la exigencia de un alto a las agresiones y los asesinatos.

Cuando se mata a un periodista, quienes lo hacen, buscan controlar la información, lo que sabemos y lo que vemos, es un atentado contra la vida, la libertad de expresión y el derecho a la información.

Como sociedad necesitamos entender la importancia de la labor periodística en nuestro día a día y sumarnos a la exigencia de cese de agresiones en contra de quienes en aras de un país mejor, buscan llevarnos la verdad e informarnos.

Nos leemos la siguiente semana y recuerda luchar, luchar siempre, pero siempre luchar, desde espacios más informados, que construyen realidades menos desiguales y pacíficas. Desde este espacio, mi solidaridad, respeto y apoyo a las y los compañeros del gremio periodístico, no están solos, #NoSeMataLaVerdad

lic.luis.sanchez.perez@gmail.com

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