PBRO. LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ GÁMEZ*
En la elección del 2006 el ahora Presidente, en aquel tiempo candidato, en medio de la euforia electoral dejó salir de su boca la expresión “cállate, chachalaca”, exigiendo al entonces presidente Fox que no se entrometiera en las elecciones. Todos sabemos la conclusión, un candidato que ganó la elección con un margen mínimo, otro que la perdió alegando fraude. Esta situación desembocó en una reforma electoral donde se regulaba a los actores políticos, en especial a los gobernantes, se definían claramente sus límites y su actuar cuando hubiese un proceso electoral.
La percepción es que ahora Manuel López Obrador no quiere someterse al límite que la ley le impone y actúa como un actor político en el ámbito electoral utilizando el argumento de que ejerce el derecho de libre expresión. Cabe decir que en una democracia las reglas electorales son un acuerdo entre los actores políticos, es decir los mismos partidos por medio de sus representantes crean las leyes con sus límites claros que ayudan a propiciar un clima de estabilidad política.
Ante la realidad que estamos viviendo, previo al ejercicio electoral de 2024, surgen algunas preguntas: ¿la estructura electoral, es decir el andamiaje legal y las instituciones electorales, ayudan a un verdadero desarrollo democrático?, ¿somos una sociedad madura para tomar decisiones dejando de lado la influencia de gobierno en turno?, ¿nuestra estructura electoral sostendrá la intervención de nuevos factores que pueden incidir en las elecciones?
Desde el año 2000, nuestras elecciones son confiables, es decir, tenemos la certeza de que mi voto se cuenta y vale, y de que sólo se cuentan los votos de las personas que participaron.
Sin embargo, el fantasma de la compra de votos, ya sea por medio de programas sociales o de manera directa, sigue presente, resabios de una cultura antidemocrática muy parecida a una dictadura. Ahora se añade otro elemento que pudiera incidir en el resultado: la intervención del crimen organizado que obligue a los ciudadanos a votar por cierto partido a costa de amenazas para sacar beneficios en su actividad delictiva.
El reto que ahora tienen las instituciones y la sociedad, incluyo a la Iglesia como parte de la estructura social, es buscar las mejores condiciones para los ciudadanos y puedan elegir libremente desde su conciencia. No se trata de dar línea ni de influir, lo ideal es apostar una madurez democrática que nos ayude a buscar los verdaderos fines de la política.
El Papa Francisco afirma que la Iglesia “no puede ni debe quedarse al margen en la construcción de un mundo mejor ni de dejar de despertar las fuerzas espirituales que fecundan toda la vida de la sociedad” (FT 276). La Iglesia debe entender que no es apostando a un partido político o algún proyecto personal es como se logra este fin, sino avanzando a la construcción de un orden social y político cuya alma sea la caridad social y manifestar el amor no sólo en las relaciones íntimas y cercanas sino también en ámbito de las relaciones sociales, económicas y políticas (Cfr. FT 181).
Lo que ha sucedido en este año, donde las campañas se han salido del periodo previsto por la ley, la intervención activa del Presidente y de los gobernadores, nos lleva a la reflexión de la necesidad de crear una nueva estructura electoral, una nueva forma de entender la política, donde la apertura al diálogo y el debate no se limiten a nadie y todos puedan construir el país.
Las nuevas reglas deberán no limitar a nadie, pero sí endurecer los candados en la utilización de los recursos, una vigilancia férrea de la no inclusión de dinero ilícito, ya sea particular o público, y con límites claros en el gasto de promoción, ya sea de personas u organizaciones, así como sanciones que persuadan la violación de la ley.
*Sacerdote de la Arquidiócesis de Guadalajara. Licenciado en Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad de Guadalajara.
