Juan Carlos Núñez Bustillos
Los familiares de personas desaparecidas son víctimas dobles. Por un lado, de los delincuentes que les arrebatan a sus seres queridos, en muchas ocasiones para torturarlos, asesinarlos, y esconder sus restos.
Por otro lado, son víctimas también de la indiferencia de las autoridades que no cumplen con su obligación de buscar a los desaparecidos, ni de prevenir ni sancionar los delitos.
Son las familias, principalmente las madres, quienes tienen que buscar a sus desaparecidos ante la indolencia de los gobiernos para realizar esta penosa tarea. A esta doble victimización se suma una tercera y es que los delincuentes amenazan a las buscadoras para tratar de impedir que continúen con esta labor. En algunos casos las han llegado incluso a matar.
A los criminales no les basta con torturar y asesinar a otros seres humanos. A pesar de que saben que la autoridad hará muy poco para perseguirlos y castigarlos, se empeñan en desmembrar los cuerpos, en tirarlos en barrancos, o en sepultarlos en fosas clandestinas.
Más de 111 mil familias mexicanas sufren la tragedia de desconocer el paradero de alguno de sus integrantes y el número sigue aumentando día tras día. Tan solo en el primer trimestre del año se sumaron 2,095 personas, 20.5% más que en el mismo periodo del año anterior.
Las madres realizan funciones de detectives y criminalistas. Se han vuelto expertas en la búsqueda de restos humanos, y a vista de los resultados, parece que son más efectivas que las policías “profesionales“.
Frente a las amenazas de los delincuentes y la indiferencia de las autoridades las madres han dicho que no se rendirán, que seguirán buscando a sus hijos hasta encontrarlos.
Ellas merecen no solo nuestra empatía y solidaridad. Como comunidad tendríamos que buscar la forma de apoyarlas de manera más efectiva. Les debemos mucho. Son defensoras no solo de sus derechos y de los de sus familias, sino también de la justicia y de la dignidad humana tan menospreciadas en estos tiempos por delincuentes y autoridad
