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Monserrat Ayala

Desde el año 2016, el Sistema DIF Jalisco comenzó a replicar el programa de Familias de Acogida, un modelo de atención que ya se implementa en otros países, que busca brindar un buen entorno familiar a menores violentados o abandonados, en lugar de remitirlos a orfanatos o albergues.

Las casas de acogida son una medida de protección para aquellos niños que, por diversas razones, no pueden vivir con sus padres, señaló María de Lourdes Sepúlveda Huerta, directora de Tutela de Derechos de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Jalisco.

Indicó que mediante este programa se permite que el niño conviva temporalmente con otras personas durante el proceso de restablecimiento de sus derechos.

El acogimiento familiar es de carácter temporal, y permite al niño seguir manteniendo un vínculo que ayude a facilitar la reintegración social del niño, niña o adolescente que ha sufrido abandono o maltrato emocional y afectivo.

Por eso, la principal misión de las familias acogedoras es recomponer y permitir al niño reconstruir su historia de María de Lourdes Sepúlveda. Atención a niños. forma positiva.

UN GESTO DE AMOR

Sepúlveda Huerta indicó que el tema de las adopciones está teniendo una transformación para reactivarlas y hacer los procesos más ágiles, ya que anteriormente un proceso de liberación de la tutela era de más de 4 años, y durante este proceso, los menores son institucionalizados; sin embargo, para evitar que los niños, niñas y adolescentes vivan este procesos en alguna casa hogar o albergue, se busca que vivan con una familia de acogida mientras se libera su situación jurídica.

Explicó que dentro de los procesos de validación como familia de acogida, los interesados, cuando hacen la solicitud, indican las particularidades del niño que quieren cuidar. Por ejemplo, algunas tienen hijos y pueden recibir a uno o dos. También hay familias que no tienen hijos y están dispuestas a recibir a un grupo de hermanos. Al revisar las solicitudes, ellos identifican los perfiles más adecuados y se inicia un proceso de empatía.

“A los usuarios que llegan les queda claro que cuando se certifican como familia de acogida es sin fines de adopción, únicamente para brindarle un hogar al niño de manera temporal y de acuerdo a la solicitud que ellos nos hacen les damos a conocer los casos que tenemos”.

De los 3 mil menores de edad que hay actualmente en la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de Jalisco, y en sus 28 delegaciones institucionales, sólo 110 están en condiciones de adopción, ya que, mediante juicio, la dependencia estatal logró que sus padres o tutores perdieran la patria potestad. La mayoría de ellos tiene entre 11 y 18 años.

ENTRE MÁS CRECEN, MÁS DIFÍCIL ES QUE TENGAN UNA FAMILIA

Lamentablemente, la mayoría de las personas que buscan adoptar es a bebés recién nacidos o menores a 5 años, lo que limita aún más la integración de niños mayores; “dentro de la solicitud de adopción viene un parámetro de edades de qué niños quieren adoptar, que va desde los cero a cinco años, de 6 a 11 años y de 12 a los 18 años, pero el 90 por ciento de las solicitudes piden bebés o no mayores a 5 años”.

Ante esta situación es que se busca incrementar el número de familias de acogida, para evitar que los niños pasen mayor tiempo en una institución.

Desgraciadamente, señaló que los mexicanos no tenemos la cultura del desapego como en otras partes del mundo, donde este programa ya tiene años de aplicarse con gran éxito en lugar de que los menores crezcan en un albergue durante los procesos legales que pueden variar de acuerdo a cada caso.

“La estancia de los niños en una casa de acogida puede variar mucho, puede ser por ejemplo solo una noche, un día, o se puede prolongar a un mes en lo que encontramos redes familiares sólidas para que el niño se reintegre a su familia biológica o si no se encuentran esos lazos, se inicie el procedimiento de la pérdida de la patria potestad, para que pueda ser susceptible de adopción”

Es fundamental no confundir esta figura con la adopción ni considerarla un paso previo a la misma, puntualizó. Sin embargo, se ponderan los derechos de los menores; indicó que se hace un diagnóstico del caso y si hay viabilidad, se procede a realizar la certificación como familia adoptiva. Esto solamente en el caso de que las posibilidades de adopción sean difíciles, como por ejemplo para los niños mayores, “entre más crecen es más difícil encontrar una familia”, agregó.

SE ANALIZA CADA CASO EN PARTICULAR

Añadió que los derechos de los niños siempre serán respetados, cuando los menores ya tienen conciencia de lo que pasa en su vida y conocen el proceso que llevan, se les pregunta si desean ser adoptados o permanecer en la institución: “Nos pasa, por ejemplo, con los grupos de hermanos, buscamos en la mayoría de los casos que estén juntos, pero nos ha tocado por ejemplo, que uno de los hermanos ya mayor prefiere quedarse estudiando en el albergue, pero tiene hermanos o hermanas menores y dice, ‘yo no quiero ser adoptado pero mi hermano o hermana si puede’, y por eso es importante hacer un diagnóstico de cada caso”.

Si bien, uno de los requisitos para ser una familia de acogida es tener solvencia económica, en caso de presentar alguna dificultad, el Sistema DIF cuenta con el Proyecto 59 para apoyar en ciertas situaciones.

PROYECTO 59

Una vez que se asignan los o el menor a la familia, se continúa con la atención multidisciplinaria, se visita de manera regular a las familias para ver cómo se ha integrado el niño y darle un seguimiento a su procesos de atención. “No olvidemos que estos niños son asegurados porque fueron víctimas de algún delito, y derivado de eso requieren una atención especial”.

En el caso de que las familias de acogida se vean rebasadas con algún gasto o atención extra para el cual no estaban preparados, la procuraduría recurre al proyecto 59, mediante el cual ellos absorben el gasto, para evitar que por esa situación el menor sea regresado a la institución.

Más información: Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco.
Teléfono: 33 3030 8200