Luis Sánchez
El 23 de diciembre de 1994, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), decidió que cada año
se celebrase el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, tomando como fecha el 9 de agosto, ya que ese día conmemora la primer reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías en 1982.
Para este año, la conmemoración gira alrededor de la importancia que tiene el papel de las mujeres en la preservación y transmisión del conocimiento tradicional; gracias a ellas, se preserva la larga historia de
interacción de los pueblos indígenas, con el medio natural, además del lenguaje, las prácticas de uso de recursos, los rituales, la espiritualidad, las visiones del mundo, entre otros tantos aspectos históricos y antropológicos, que gracias al rol colectivo y comunitario integral que tienen, como cuidadoras
de los recursos naturales y guardianas del conocimiento, ha generado que, cada vez más, sean protagonistas de iniciativas como defensa de las tierras contra el despojo o la reivindicación de los derechos de sus pueblos, por mencionar solo algunas.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), actualmente existen aproximadamente
476 millones de indígenas viviendo en 90 países, quienes representan poco más de 5% de la población
mundial. Sin embargo, se encuentran entre los grupos más desfavorecidos y vulnerables, siendo el 15 por ciento de los más pobres.
En México, 7 millones 364 mil 645 personas de 3 años y más de edad hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 6 % de la población total. Las más habladas son: Náhuatl, Maya y Tseltal. A nivel nacional, 6 de cada 100 habitantes de 3 años y más de edad hablan alguna lengua indígena. Las entidades con mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena son: Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Guerrero, Hidalgo, Quintana Roo y Campeche. De los aproximadamente 12 millones de indígenas en México, el 69.5% se encuentra en situación de pobreza, de acuerdo con el CONEVAL, es decir unos 8 millones 340 mil personas.
En su Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020, detalla que la principal carencia que enfrentan los pueblos originarios es el acceso a la seguridad social, en un 78.2%; le siguen los servicios básicos de vivienda, en un 57.5%; falta de acceso a la alimentación, 31.5%; rezago educativo, 31.1%; calidad y espacios de la vivienda, 28.5% y acceso a los servicios de salud, 15.4%. Aunado a esto, la discriminación, el racismo y la marginación siguen siendo elementos que están presentes hoy en día en el trato hacia las comunidades indígenas, tanto en el ámbito rural, como en las comunidades que viven en el entorno urbano.
Para el Dr. Francisco López Bárcenas, investigador del Colegio de San Luis, esta situación tiene que ver más con un tema de respeto a la libre determinación de los pueblos y no tanto de recursos económicos.
“Los indígenas no están pobres por ser indígenas, sino por la situación de racismo y discriminación hacia los pueblos. Tampoco se resolvería de fondo si hubiera mucho recurso, lo que tendría que haber es un nuevo trato hacia ellos; es decir, que se les permita participar en la toma de decisiones profundas que impactan su vida, una de ellas es el asunto del desarrollo en sus territorios (…)”.
Prueba de lo anterior, son los mega proyectos que han provocado el despojo de territorio, y que les han sido impuestos a distintas comunidades indígenas, a lo largo y ancho del país, durante tantas administraciones pasadas; además, la actual no es la excepción, ya que el Tren Maya, el Corredor Transístmico, el Proyecto Integral Morelos, por mencionar solo algunos, vuelven a poner en el centro la prioridad del Estado por el “bien mayor” en nombre del desarrollo, sobre la decisión de los pueblos al respecto de su territorio. A pesar de esto, existen algunos eventos que parecen ser luz al final del
túnel, como el reciente nombramiento de Claudia Morales, una activista perteneciente al pueblo wixárika,
como presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).
“Hay mucho trabajo de investigación que analiza esta parte de reconocer y respetar las diferentes identidades. Creo que es necesario trabajar en que este respeto y este reconocimiento no solo sea parte de la investigación académica, sino que se trabaje más en crear, promover políticas incluyentes desde las diferentes instancias que se abocan a esta población históricamente discriminada”, señaló a su llegada a la dependencia.
Sin duda, la labor de Claudia al frente de esta institución creada en 2003, que tiene el objetivo de prevenir
actos de discriminación e investigar casos que ocurran dentro de instituciones públicas o privadas,
representa un cambio en el status quo, que genera esperanza y nos invita a sumarnos al reto de construir
una sociedad más plural y libre de discriminación, especialmente hacia los pueblos indígenas. Nos leemos
la siguiente semana con mejores noticias y recuerda luchar, luchar siempre, pero siempre luchar,
desde espacios más informados, que construyen realidades menos desiguales y pacíficas.
