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Luis Sánchez

“No somos iguales” es una frase que, desde sus primeros meses de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha repetido hasta el cansancio para hacer referencia a que en su gobierno, a diferencia de los sexenios anteriores, ya no se llevan a cabo distintas prácticas como el nepotismo, la corrupción, la represión, la censura, entre otras. Y si bien, analizamos los discursos, programas y símbolos que ha tenido esta administración, podemos encontrar notables diferencias, por lo menos, con los últimos gobiernos que ha tenido México. Sin embargo, si vamos más allá y enfocamos la mirada en las acciones y resultados, encontramos que las formas no son iguales, ¿pero en el fondo?

El índice que dio a conocer la semana pasada “The World Justice Project” sobre el Estado de derecho, señala que México ocupa el lugar 135 de 139 países en la medición de “ausencia de corrupción”: el peor de nuestra región y solo a cuatro lugares de ser el peor del mundo.

 Según la última edición del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, México tuvo de 31 puntos (en una escala de cero a 100, donde 100 sería la mejor calificación posible), que lo mantiene desde 2020, en la posición #124 de 180 países que son evaluados por Transparencia Internacional (TI) en materia de combate a la corrupción. Nuestro país es el peor evaluado de las 38 naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estos datos contrastan con lo dicho por el presidente, durante su conferencia mañanera del 11 de marzo del 2021, donde afirmó que “en México ya no hay corrupción”.

Hace unos días, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), develó que el hijo mayor del presidente, José Ramón López Beltrán, ocupó una residencia con un valor comercial cercano al millón de dólares, propiedad de un alto directivo de Baker Hughes, empresa con la que el gobierno mexicano tiene contratos vigentes por más de 151 millones de dólares. López Beltrán y su esposa, ocuparon la lujosa mansión, tan solo un mes después de que se le asignó el contrato a Baker Hughes por parte de la actual administración federal. Cabe destacar que la casa está a nombre de Carolyn Adams, esposa del hijo de AMLO.

Tras esta investigación, en redes sociales comenzaron a comparar el caso con el de la “Casa Blanca”, que se dio a conocer el sexenio pasado, por parte del equipo de investigación de la periodista Carmen Aristegui, en el que la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, era propietaria de una casa valuada en millones de dólares, que al final resultó ser propiedad de un contratista que se había visto beneficiado por el gobierno en turno. Ante estos señalamientos, el presidente comentó: “En este gobierno no tienen influencia mis hijos, no se les da contrato, ningún recomendado. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno. Ni un contrato, ni una recomendación, no somos iguales”.

De esta forma y fiel a su estilo, el presidente decidió darle carpetazo al asunto, sin embargo, éste no es el primer caso que involucra a alguien de su familia o colaboradores cercanos, en temas que podrían parecer todo lo contrario a lo que se dice en el discurso; por ejemplo, los escándalos de sus hermanos Pío y Martín López Obrador, que aparecen en unos videos donde aparentemente reciben sobres con dinero.

Ante estos hechos, el presidente en su momento también mencionó algo similar que en el caso de su hijo. “No somos iguales”, pero con lo demostrado este sexenio ¿realmente no son iguales? Usted, querido lector, tiene la mejor opinión.

Nos leemos la siguiente semana y recuerda luchar, luchar siempre, pero siempre luchar, desde espacios más informados, que construyen realidades menos desiguales y pacíficas.

lic.luis.sanchez.perez@gmail.com

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