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PBRO. JOSÉ MARCOS CASTELLÓN

En las últimas semanas se ha abierto el debate del papel que juega la Iglesia, especialmente los Obispos y Presbíteros, en la pacificación de nuestro país, uno de los más violentos del mundo. El tema se ha puesto en la palestra nacional por la reunión de los Obispos del Estado de Guerrero con los capos de los cárteles de “los Ardillos” y de la “Familia Michoacana”, que se disputan el territorio guerrerense en un clima inaudito de violencia, que afecta a toda la sociedad.
En este mismo asunto, ha jugado un papel protagónico el P. José Filiberto Velázquez Florencio, director del “Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello”, en la misma entidad federativa.
El debate se centra en una doble vertiente: la primera, es la de considerar que todo suma para lograr la paz social y más tratándose de líderes sociales que pueden influir en el ánimo de los criminales, siempre y cuando no haya acuerdos que supongan una violación a la ley; la segunda, es que la intervención de clérigos es una clara manifestación del estado fallido en el que se encuentra México, pues la seguridad es una obligación que debe garantizar el gobierno y no la Iglesia.
Por otra parte, se plantea la moralidad y legalidad de reunirse con criminales de parte de representantes sociales, con los cuales ninguna institución pudiera llegar a acuerdos por tratarse de personas al margen de la ley.

El debate debe dejar claro para todos que la Iglesia tiene como tarea la búsqueda de la paz y la reconciliación, fruto de los procesos evangelizadores.

Además, la misma acción pastoral de la Iglesia tiene, desde el ámbito sociológico, una gran fuerza para configurar y reconstruir el tejido social, una de las prioridades, tratada como periferia existencial, de nuestro proceso pastoral diocesano.
La fuerza de cohesión radica en la participación de muchas personas y en la búsqueda pacífica, espiritual y comunitaria de solucionar los conflictos, motivados por la fe. Esta fuerza de cohesión debe ser reconocida, valorada y promovida por el Estado, sin ningún tipo de injerencia en las tareas evangelizadoras ni en la política partidista de parte de la Iglesia.
Partiendo de este principio, tanto pastoral como sociológico, ahora se debería preguntar sobre la pertinencia de la intervención del clero en el diálogo con los criminales.

A los Obispos y Sacerdotes nos debe caracterizar el celo pastoral por la salvación de todos, de modo que no podemos etiquetar a quienes se acercan a nosotros o a quienes, con caridad pastoral, nos acercamos. También los criminales son personas, la mayoría bautizados y todos muy necesitados de atención espiritual.

No se trata de llegar acuerdos al margen de la ley, se trata de mover el corazón para bien de todos. La realidad es que se está supliendo al Estado, rebasado ahora por el hampa y prácticamente desaparecido, lo que hace que el clero, única autoridad presente, tenga que asumir esa tarea mediadora… ¿no se debería hacer?

@arquimedios_gdl

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