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Jorge Rocha, Académico del ITESO

La reciente muerte del ex – presidente Luis Echeverría Álvarez, más allá del deceso, nos volvió a colocar en una discusión sin fin de un problema social de corte estructural, donde parece que no hay salida y que es la impunidad. Los hechos son contundentes, hasta el cuarto año de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, se comenzó con un proceso de indagación para investigar sobre los posibles actos de corrupción de Enrique Peña Nieto, a pesar de que ese sexenio fue catalogado como uno de los momentos con mayor corrupción en el país; luego de varias semanas de búsqueda y frente a una enorme demanda ciudadana, el presunto homicida de los PP. Javier Campos, SJ y Joaquín Mora, SJ, no ha sido detenido, a pesar de que es una de las personas más buscadas en el país; pero también las cifras y diversos informes nos dicen que en México la impunidad llega al 94.8% de los casos denunciados, de acuerdo a la organización México Evalúa; y tanto en los casos de la llamada “Estafa Maestra” o en los supuestos desvíos de recursos en PEMEX por el caso Odebrecht, hay personas detenidas, pero hasta ahora ninguno de estos grandes casos están resueltos y mucho menos hay una reparación del daño al erario público.

Ahora bien, el asesinato de dos Jesuitas en la Sierra Tarahumara parece convertirse en un “ya basta” de tanta violencia e impunidad en el país. A propósito de este condenable hecho, también se visibilizaron las muertes de varios sacerdotes, desde hace varios años a lo largo del país; y donde el común denominador es nuevamente la impunidad. Esta demanda ha generado movilizaciones sociales de diversa índole, entre las que podemos ver la Jornada Nacional de Oración por la Paz, que impulsan diversas instancias eclesiales, entre las que destacan la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México (CIRM) y la Provincia de México de la Compañía de Jesús.

Gobiernos van y gobiernos vienen, prometen que desterrarán la impunidad en el país; y los resultados hasta ahora son básicamente los mismos: la impunidad persiste, se renueva, toma nuevas facetas y se oculta en los discursos de “no pasa nada”. A lo más, tenemos algunos “chivos expiatorios” que les toca ser culpabilizados, para que muchos más salgan exonerados.

Las razones de esta impunidad han sido analizadas desde hace tiempo por distintas organizaciones civiles y académicas y académicos de muchas universidades, que a lo largo de los años han documentado este fenómeno. Retomaré algunas de las causas para este artículo:

  1. Es sabido que las policías investigadoras y fiscalías tienen severos problemas para la investigación de casos, que van desde un profundo atraso tecnológico, hasta la falta de capacidades para generar información basada en la inteligencia policial. Aunado a ello, en muchos lugares del país se sigue utilizando a la tortura como método de investigación policial, que en muchas ocasiones los lleva a graves errores e injusticias con inocentes a los que les imputan cargos que no cometieron.
  2. Tanto la ONU como la OEA, en distintos informes de sus consejos de derechos humanos, han documentado fuertes problemas en el poder judicial de nuestro país, que va desde la incapacidad de atención de casos, el hostigamiento a jueces por algunos asuntos, hasta casos de corrupción y nepotismo. Todos estos factores, en su conjunto, dan como resultado un sistema judicial ineficiente y en muchas ocasiones injusto, que tiene como consecuencia una impunidad rampante y sistemática.
  3. Varios especialistas en temas de corrupción e impunidad, han señalado desde hace años del llamado “pacto de impunidad” entre la clase política, que implica un acuerdo que consiste en no perseguir a los funcionarios salientes, pensando que ellos no sean juzgados en su momento. Es decir, “yo no te hago nada y tú no me haces nada”. Esto explicaría que, a pesar de tantas sospechas y trabajos periodísticos serios sobre casos de corrupción, hasta hoy los consignados de la alta burocracia sean muy pocos.
  4. La impunidad se hizo parte de la vida cotidiana. En nuestras calles, en muchos ámbitos la violación a las leyes no se castiga. En el ideario común, está la convicción del que la “hace no la paga” y los casos cotidianos abundan, desde los que bloquean importantes avenidas de nuestras ciudades y lo suben a redes sociales, hasta los que rompen los reglamentos municipales sin ninguna consecuencia. Respetar la ley se hizo una actividad de buena voluntad y convicción personal, más que una obligación ciudadana que alguien se asegura se cumpla.

Mientras la impunidad persista y esté presente, muchos problemas del país seguirán vigentes, pero parece que nuestros gobernantes no concuerdan con estos diagnósticos, porque para ellos “no pasa nada” y la gente se “queja mucho”.

Correo electrónico: jerqmex@hotmail.com

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