Ignacio Román Morales
El presidente prometió hace unas semanas, en el marco de su informe de gobierno, que culminaría a la brevedad la obra de la línea tres del tren ligero. A inicios de este mes, el Secretario de Hacienda vino a Guadalajara para revisar los avances y para abordar la construcción del Peribus, y ya se está cabildeando la realización de la línea cuatro del tren ligero.
Sin embargo, la historia de Jalisco con respecto a las grandes obras está fuertemente afectada por enormes inversiones perdidas, amenazadas o retrasadas enormemente. Desde la construcción de la primera línea del Tren ligero en los años setenta, que derivó en años de inutilización del túnel de Federalismo, hasta el retraso actual de la puesta en operación de la línea tres, pasando por una larga lista de afectaciones ambientales y sociales, pérdidas millonarias, corruptelas e ineficiencias recientes: Tales son los casos de los inconclusos “Arcos del Milenio”, de la construcción y cierre de la obra de la Presa del Zapotillo, la infraestructura de los Juegos Panamericanos del 2011, muy especialmente el desastre de la Villa Panamericana, la bajísima utilización del macrolibramiento de Guadalajara, las 130 construcciones hospitalarias sin concluir, etc.
El Área Metropolitana de Guadalajara ha crecido desproporcionadamente en las últimas décadas y la población que ha tenido que establecerse en lugares cada vez más alejados requiere del aprovisionamiento de servicio y condiciones de vida dignas, traducidas en fuentes de empleo, agua potable, electricidad, seguridad, escuelas, centros de salud, vialidades y sistemas de transporte correctos, etc. Sin embargo, las posibilidades de sufragar tales necesidades se tornan más complejas. Más aún, fuera del Área Metropolitana y no se diga en las zonas rurales alejadas de los grandes centros de población.
En otras palabras, tenemos cada vez más problemas acuciantes sin resolver y grandes obras costosísimas que nos terminan o se terminan mal. ¿Qué nos está corriendo?
La acción de los gobiernos debe basarse en el interés público, lo que implica que la rentabilidad financiera de la inversión no es su objetivo primario, sino la solución de los problemas sociales, ambientales, económicos de orden colectivo, el desarrollo de la educación, de la cultura y del deporte y, en general, el bienestar común. Sin embargo, la estrategia para el diseño, planeación, ejecución y evaluación de las obras específicas, se realiza en las grandes obras mediante alianzas con las grandes empresas privadas. Los empresarios tienen como fin (legítimo) el obtener utilidades de las actividades que realicen, pero de ello no se deriva necesariamente la satisfacción del interés público que da origen a la propuesta de las obras. La situación se complica mucha más cuando se presenta el fenómeno de la “puerta giratoria”: gobernantes que se vuelven empresarios y empresarios que se vuelven gobernantes. Entonces los intereses públicos y privados se confunden y la prioridad pública se borra. Se crea entonces no un “caldo de cultivo” sino un “océano de cultivo” para la generación de infinidad de ocurrencias, ineficiencias, corruptelas y desgracias ambientales, sociales y económicas.
¿Acaso no es posible crear los mecanismos que las obras públicas se planteen realmente bajo la premisa del interés público, al menor costo posible con el mayor beneficio social posible, realizándose ágilmente, con el tiempo y la calidad que deben hacerse en consideración a la dignidad de la sociedad que elige a sus gobernantes y paga con sus impuestas a las empresas contratistas?
