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De afectados por contaminación del río Santiago

Redacción ArquiMedios

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares en favor de pobladores de las zonas aledañas al río Santiago, en Jalisco, al advertir que están en situación de gravedad y riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida, integridad personal y salud, por la contaminación ambiental de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago.

La CIDH -en su resolución 07/2020- solicita al Estado mexicano tomar las providencias necesarias en favor de los habitantes de las zonas aledañas (hasta cinco kilómetros) del río Santiago en los municipios de Juanacatlán y El Salto, así como de los pobladores de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala en el municipio de Poncitlán.

Afirma la CIDH que su decisión se fundamenta  en la información que indica la existencia de grave contaminación ambiental en el río Santiago y el lago Chapala y los estudios aportados por los solicitantes, que ligan la suciedad del río, el lago y su entorno cercano, a enfermedades renales y presencia de pesticidas en la orina de menores.

El panorama se complica, subraya el organismo,  citando a los afectados, por la existencia de centros de salud, sin medicinas, ni la infraestructura para atender a los enfermos renales, que tienen que trasladarse a la ciudad de Guadalajara para su atención médica e hizo énfasis en que el Estado deberá adoptar medidas pertinentes “para dar un diagnóstico médico especializado a las personas beneficiarias, tener en cuenta la alegada contaminación, proporcionarles atención médica adecuada, en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, conforme a los estándares internacionales aplicables”.

La CIDH cuestiona que  la principal medida de descontaminación implementada por el Estado, se refiera a construir o habilitar plantas de tratamiento de aguas residuales a lo largo y ancho de la cuenca y solicita “que haya un acuerdo con las personas beneficiarias y sus representantes sobre las medidas a implementarse y se informe sobre las decisiones adoptadas para mitigar las fuentes de riesgo alegadas”.

La difusión de la resolución de la CIDH coincidió con un recorrido que realizó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Alfonso Hernández Barrón, por la confluencia del canal del Ahogado y el río Santiago, en los límites entre El Salto y Juanacatlán, el foco más evidente de la contaminación que padece toda la cuenca.

Invitado por el Comité Ciudadano en Defensa Ambiental de El Salto, el ombudsman constató la gravedad de la situación y dijo que será documentada para actualizar una recomendación que la CEDHJ realizó sobre esta situación en 2009 y señaló que los gobiernos actuales deben comprender que, aunque no hayan provocado la contaminación, representan a las administraciones anteriores con el reto es encontrar soluciones de forma eficiente y estratégica.

“Independientemente de quién esté al frente, es responsable del Estado. Solemos ser incómodos porque quien ejerce el poder no quisiera límites de derechos humanos, pero todas las capacidades de la CEDHJ están a su servicio (de los habitantes)”, subrayó.

La resolución de la CIDH y la visita del presidente de la CEDHJ ocurrieron después a la ‘macro-excursión’ (nota aparte) organizada por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, que omitió pasar por estos municipios, cuyos moradores exigen escucha y atención.

“PONGAN UNA CLÍNICA DE HEMODIALISIS”

“Era un río hermoso, que nos daba alegría, nos daba que comer y ahora, ¿qué tenemos? Un río apestoso, contaminado por todo lo que pueda haber”, lamentó la señora Isabel Álvarez, habitante de El Salto quien, desde hace 12 años tiene insuficiencia renal y toma un medicamento que está afectando su audición.

En una silla de ruedas,  ella y otros vecinos que comparten el mismo viacrucis, externaron su sentir y comentarios al personal de la CEDHJ en una reunión realizada en una terraza al margen del Santiago en respuesta a una queja presentada por el ocultamiento de un estudio –hace diez años- que advertía la gravedad ambiental del afluente.

“Uno tiene que soportar la pestilencia del río, hasta los mareos”, dijo Alberto Vázquez, habitante de El Salto, quien antecedió a Rocío Gómez, vecina de Juanacatlán, quien, a diferencia de Isabel Álvarez, no conoció un río limpio, “pero menos contaminado que en la actualidad”.

Agregó que los zancudos, a partir de las seis de la tarde,  dan ‘toque de queda’ para cerrar puertas y no salir de las casas y que enfermedades como gripe y tos son peores para quienes viven alrededor del río porque “parece que los antibióticos no sirven”.

“Volaba la espuma en todo el pueblo, agarrábamos la espuma, jugábamos con ella. Entonces íbamos a nuestras casas y comíamos. Eso me afectó a mí. Uno estaba chiquito y no sabe lo que hace”, compartió José Villaseñor Torres.

Apenas pasa los 20 años, vive en El Salto y padece insuficiencia renal. “Lo que me dijeron los doctores es que mis riñones no se desarrollaron. Dicen que es por la contaminación del río. Porque respiramos todo el cochinero”.

La solidaridad de sus vecinos le ayudan a sobrellevar su tratamiento que no es barato, “mínimo, una hemodiálisis sale mil 300 pesos” y advierte que hay personas que necesitan hasta tres por semana por lo que no duda en marcar una prioridad a la autoridad: “Pongan una clínica de hemodiálisis en El Salto, con esto, mucha gente se podría salvar”.

 GOBIERNOS DEBEN ACATAR

Las medidas cautelares establecidas por CIDH son una oportunidad para que el Estado realice acciones para sanear la cuenca del lugar, pero también una obligación de cumplimiento, y en acuerdo constante con la población, especialmente la afectada, señaló Raquel Gutiérrez Nájera, directora del Instituto del Derecho Ambiental.

“Esto implicaría una política integral con los aspectos de salud ambiental donde rebasa las capacidades de la voluntad y lo que quiera hacer el gobierno del estado de Jalisco, porque además le dice que todos los programas, todas las acciones, todos los proyectos que van a implementar, los debe de hacer con los afectados y sus representantes”.

Hizo notar que el gobierno federal no ha estado presente en el debate sobre la contaminación del Río Santiago y confió en un cambio de postura porque es central para llevar a cabo lo propuesto por la CIDH.

“Tiene que entrar a la coordinación de todos los actores relevantes que están, tanto en la cuenca Lerma-Chapala, como en la parte del Santiago, sobre todo en el Santiago alto que es donde está evidenciada, documentada, y súper estudiada la contaminación”.

No obstante, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien estuvo en Jalisco el día que se conoció la resolución de la CIDH, evadió el tema -ante medios de comunicación- y señaló a la Secretaría de Salud federal, como la responsable de adoptar las acciones que se requieran.

 Aunque matizó que  la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Comisión Nacional del Agua y el Consejo de Cuencas, deberán actuar en primer término.

“El manejo y gestión del agua es competencia federal. Hay que atenderlo. Espero que dé la respuesta, particularmente, la Comisión Nacional del Agua”.

Señala gobernador omisiones federales

Más de 500 fuentes emisoras de agua sin tratar contaminan el Río Santiago en Jalisco, afirmó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y acusó a las autoridades federales de ser omisas en su responsabilidad de sancionar a quienes incumplen las normas ambientales.

“El trabajo se hizo para identificar todas las descargas industriales; tenemos alrededor de 500 puntos identificados y vamos inclusive, en el ámbito de nuestra competencia, contra estas empresas, vamos a ponerle nombre y apellido”.

Aseveró que durante su gestión se invertirán más de dos mil millones de pesos para tener en óptimas condiciones las plantas de tratamiento a lo largo de la cuenca del Santiago y en la construcción colectores profundos.

“Vamos a tener una inversión de más de dos mil millones de pesos y la ampliación de la Planta de El Ahogado que requiere de 800 millones de pesos que tenemos que financiar a finales de este año y a las plantas de tratamiento estarán listas a finales de este año”.

Ante la recurrencia de enfermedades renales y cánceres, reiteró el anuncio de hace varias semanas de una tamización a  24 mil 244 menores de edad en El Salto, Juanacatlán, Poncitlán, Ocotlán y Chapala, y el inicio del pilotaje del Registro Estatal de Enfermedad Renal Crónica en conjunto con el Registro Estatal de Cáncer. “Esperamos que los resultados los podamos tener hacia fines de este año”, señaló el secretario de Salud, Fernando Petersen.

Alfaro Ramírez anunció la creación de un fondo de 110 millones de pesos para reparación del daño de los pobladores afectados, que provendrá de “los recursos que se obtienen por el cobro de los derechos para descargas que se generen en Jalisco; particularmente este año podría estar enfocada de inició a la ampliación de capacidades en la planta de tratamiento del Ahogado”.

Finalmente, aseguró que, hay un avance de 85 por ciento de cumplimiento de la macro recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 2009, que la Comisión Estatal del Agua respondió al 100 por ciento y que el SIAPA tiene un avance del 95 por ciento.

@arquimedios_gdl

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