PBRO. JOSÉ MARCOS CASTELLÓN PÉREZ
En las últimas semanas, gracias a los medios de comunicación, se supo del plagio de la tesis, con la que obtuvo el grado de licenciatura una de las ministras de la Suprema Corte de la Nación.
El hecho ha trascendido por varios motivos: la cercanía de esta ministra con el Presidente de la República, su candidatura a ser la presidente de la Suprema Corte de la Nación, la utilización política del hecho para
desacreditar la honestidad de este gobierno, que es una de sus banderas de legitimidad, así como las
respuestas tanto del Palacio Nacional como de la misma ministra que cada vez que habla sobre el tema,
como en arenas movedizas, se hunde más, porque son mentiras y más mentiras. Se esperaría que, por dignidad y altura moral, ella misma pidiera dejar el cargo, pero en vez de eso, se sigue defendiendo sin argumentos. Gravísima la minimización que ha hecho el Presidente, afirmando que hay delitos mayores que antes se cometían, pues ahora pareciera la canonización de la violación de la ley o de delitos menores, siempre y cuando sean cometidos por quienes son afines a su proyecto y muy graves si son sus opositores. El delito es delito, la mentira es mentira, y nunca se puede justificar.
La UNAM, alma mater de la ministra, ha declarado ya que se trata de un plagio y ha dejado a la SEP la resolución de retirar o no el título de abogado y la cédula profesional, lo que la inhabilitaría para desempeñar el importante cargo que hoy ostenta. Aunque la SEP, dependencia del Ejecutivo Federal, ha regresado el caso a la UNAM, a la que se acusa desde Palacio de falta de autonomía y de corrupción, y en la opinión pública se cuestiona la forma en cómo la máxima casa de estudios del país otorga, sin control alguno y quizá con deshonestidad, los títulos académicos. En caso de inhabilitarla, ahora habría qué repensarse si las resoluciones como juez y ministra tendrían validez jurídica y qué se tendría que hacer
en ese caso.
Se trata de uno de los escándalos que más duelen por tratarse de quien se trata: nada más de una de las personas encargadas de garantizar el Estado de Derecho de nuestro país. ¿Con qué autoridad moral y ética puede resolver una instancia que tiene en su seno a una plagiaria? Si ella ha recurrido a la mentira como arma de defensa, ¿es su forma habitual de resolver los problemas y los casos jurídicos que han
llegado a sus manos?
Además, y no es menor este razonamiento, puesto que muchos de los malos comportamientos sociales se fundamentan en la mímesis de quienes están a la cabeza de cualquier instancia pública, me parece gravísimo el mal ejemplo de deshonestidad de una de las ministras, en un país en el que la corrupción ha sido la piedra de tropiezo de todos los gobiernos y de todos sus niveles, hasta considerarla como un rasgo cultural de los mexicanos.
