Pbro. Armando González Escoto
El gobierno mexicano nació con serios problemas de identidad, y es hora que no logra superarlos. Desde la independencia se creyó heredero de la Corona española en todos sus términos menos en la nomenclatura, porque ahora monarquía se decía democracia.
Al igual que los reyes, los gobernantes mexicanos han pensado que son dueños del territorio, de sus recursos y por supuesto de la gente. Para justificar su pretensión han deificado al “estado”, dándole identidad metafísica y considerándolo, muy equivocadamente, la fuente del poder y del derecho; este Estado, elevado a tal condición, considera su tarea primordial redimir al pueblo, quiera o no, de todo aquello que el estado, superior inteligencia nacional, considere necesario. Los gobernantes mantienen vivo el prejuicio de que son ellos y solamente ellos los que saben lo que conviene a la gente, detrás de semejante pretensión sobrevive un mundo de prejuicios elitistas políticos e ideológicos, donde se considera al pueblo como ignorante, fanático y torpe.
Una prueba más de esta realidad es el reciente discurso de la Secretaria de Gobierno federal en que de nuevo reafirma que toca al estado decidir el tipo de educación que debe darse en las escuelas. Grave error repetido desde hace décadas y que solamente prospera por la falta de formación democrática de la sociedad.
La sociedad, no el estado, es la fuente del derecho y la fuente de donde nace el mismo estado. Es la sociedad la que decide quién la gobierne y administre sus recursos, y el modo en que debe hacerlo. Es la sociedad la que con sus impuestos paga a toda la burocracia estatal, y desde luego, paga y sostiene el sistema educativo, que la sociedad pone en manos del gobierno en la confianza, siempre defraudada, de que lo hará con honestidad y eficiencia.
Por lo mismo, la primera responsable en el trabajo educativo es la propia sociedad, que, vistos los resultados, no debe seguir confiando ciegamente en sus empleados, pues con demasiada frecuencia abusan del poder que se les otorga, traicionando a quienes les pagan. Eventualmente la sociedad podría retirarle al gobierno ese poder que le otorgó y darlo a otras instituciones u organismos que garanticen un mejor resultado, lo cual exigiría que el gobierno pusiera en manos de esos nuevos responsables los recursos necesarios, mismos que recibe de la sociedad a través de los impuestos que paga. Para este año, la sociedad mexicana está aportando 807,305 millones de pesos para la educación. Este dinero público lo administra el gobierno de tan mala manera, que casi el 98% se les va en nómina, y cuando los alumnos son evaluados por instancias internacionales, los resultados son vergonzosos. México está en el último lugar de la lista de países que conforman la OCDE en lo que mira al desempeño educativo.
Desde luego, la sociedad no es una masa anónima, dentro de ella debe destacarse a los padres de familia que constituyen también la mayor parte de la fuerza productiva de la nación, y que son o deberían ser los más interesados en la cuestión educativa.
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