upc4

Ignacio Román Morales

La iniciativa de reforma energética, primordialmente eléctrica, que planteaba recuperar el control del sector por parte del gobierno mexicano, fue desechada por el pleno de la Cámara de Diputados. Si bien obtuvo la mayoría absoluta de los votos (más de 50%), no alcanzó la denominada “mayoría calificada” (66.6%) que se requería para ser validada con sus alcances constitucionales.

El debate sobre esta reforma fue muy largo, amplio y tenso: Por una parte, los defensores de la misma argumentaban en torno a la importancia pública del sector, y en la necesidad de que éste no se guiara por criterios de rentabilidad privada sino de utilidad pública, asimismo referían la corrupción con la que fue efectuada la reforma en la administración de Peña Nieto, así como las implicaciones favorables de centralizar las decisiones eléctricas, en términos de costos de producción y de precios para los consumidores (sobre todo, ante la inflación galopante en diversas naciones europeas, en donde el sector se ha privatizado).

Por otra parte, los detractores de la reforma argumentaban en torno al retraso que acarrearía en términos de transición energética hacia el mayor desarrollo de energías sustentables (sobre todo eólicas y solares), a la falta de competencia real en el sector, a la violación mexicana de acuerdos internacionales (en especial del T-MEC) y de la ineficiencia de la CFE.

La duración y amplitud de la discusión no significa que los diputados hayan votado en función de los argumentos vertidos, pues de haber sido así, el resultado de la votación no se hubiese circunscrito al color de los partidos participantes, sino del convencimiento real y argumentado de los legisladores. La oposición no argumentó claramente en torno a la necesidad de que las naciones, empresas y consumidores cuenten con la disponibilidad eléctrica en función a los requerimientos económicas y sociales y no en función del mero comportamiento de la oferta y de la demanda, tampoco hubo propuesta alguna de corrección de las artimañas generadas en la administración de Peña Nieto, sobre todo en favor de grandes corporativos privados.

 Si se confronta un acuerdo que su origen fue viciado en contra de los intereses del país, tal acuerdo debe aceptarse ¿indefinidamente? Tampoco del otro lado hubo mayor escucha: ¿no hubiera podido establecerse una lógica similar a la planteada, pero que estableciera compromisos más claros, medibles y progresivos de generación de energía alternativa?, ¿no existieron elementos de la argumentación de oposición que hubiera podido mejorar la propuesta gubernamental original?

Es indudable que en el rechazo a la reforma jugaron un papel importante los Estados Unidos, cuyo gobierno se manifestó explícitamente en contra de ella.  En las decisiones públicas se juegan grandes inversiones que pueden alcanzar miles de millones de dólares, se juegan intereses y balanzas políticas, liderazgos al interior de cada fuerza y lógicas de negociación entre partidos. Aunque la decisión tomada sea económica, los criterios para tomarla son igualmente políticas.

En todo caso, volvemos al reino de la incertidumbre, que teóricamente es lo que menos se quiere en el mundo empresarial. Al rechazo de la reforma energética/eléctrica le seguirá el debate sobre la nueva Ley Minera, que implicaría un mayor control nacional sobre su subsuelo y, sobre todo, la atracción exclusiva para el Estado de la explotación del lito, el metal básico para la elaboración de las baterías de los vehículos y los aparatos que recurren a las nuevas tecnologías en el uso de energía. La doctrina del gobierno parece arraigada en las tradiciones populares. El discurso central del gobierno en la materia “no quiero oro, ni quiero plata, yo lo que quiero es… el litio”.

No sabemos si la iniciativa minera correrá la misma suerte que la eléctrica, pero de lo que se decida dependerá el aseguramiento o no de contar con energía segura, limpia y a buen puesto, no sólo para los estratos sociales y empresas que puedan pagarla o que estén en las cadenas de suministros de los grandes consorcios, sino para el conjunto de la población y de las unidades económicas, incluyendo las microempresas.

Finalmente, estamos en medio de una disputa sobre cómo entender lo económico: ¿estamos hablando de negocios, empresas mercados y rentabilidad o, en términos de la manera en que lo expresa la encíclica Laudato Sí, del cuidado de la casa común, del interés público en el que todos deberíamos caber?

iroman@iteso.mx

@arquimedios_gdl

TE INVITAMOS A FORMAR PARTE DE LOS

Comunicadores Parroquiales

Los cuales promueven la Pastoral de la Comunicación en sus Parroquias

Dirección

"En la Iglesia tenemos urgente necesidad de una comunicación que inflame los corazones, sea bálsamo en las heridas e ilumine el camino de nuestros hermanos y hermanas"

Papa Francisco

Copyright @2023 – Todos los Derechos Reservados.