Jorge Rocha
Luego de que Alfonso Durazo expresó que las cifras de violencia en el país estaban comenzando a bajar, dos hechos cimbraron al país y mostraron la crudeza de la realidad de violencia que estamos viviendo en México. El primer acontecimiento fue el asesinato de 14 policías en Aguililla, Michoacán, a manos de un grupo de la delincuencia organizada; el segundo hecho fue la detención-liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, que a decir del Presidente, se justificó por el riesgo que significaba para los habitantes de Culiacán, Sinaloa, su posible aprehensión y los posibles enfrentamientos entre la delincuencia organizada y las fuerzas armadas.
Mucho se habló en los últimos días sobre estos asuntos, incluso Grupo Reforma publicó una encuesta donde se muestra como frente al hecho de dejar libre a Ovidio Guzmán, el 49% se mostró en desacuerdo con esta acción, pero el 45% de los entrevistados justificó la actuación de los cuerpos de seguridad, es decir, podemos hablar de una fuerte división de opiniones al respecto.
Ambos asuntos ameritan una reflexión profunda para el gobierno y para la sociedad, de las cuáles comparto algunas primeras impresiones:
1- La ruta para “demostrar” que la violencia está bajando no es el llamado “combate estadístico” de la delincuencia, donde autoridades federales y locales quieren demostrar a toda costa que los índices delictivos están disminuyendo. Es cierto que la información cuantitativa es una valiosa herramienta de análisis, pero a la par de esto, deberían incorporarse variables territoriales y generar estrategias de pacificación vinculadas con el territorio, es decir, se trata de pacificar zonas, regiones y localidades del país.
2. Siguiendo con esta línea de pensamiento, desde hace años sabemos de estados de la República donde las dinámicas de violencia permanecen y parece que no se ha dado en el clavo en las estrategias adecuadas para resolver de forma satisfactoria este problema. Estados como Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Veracruz, son algunos casos donde la crisis de violencia ya tiene varios años y también encontramos entidades donde estas situaciones se han hecho presentes en los últimos años, por ejemplo, Guanajuato. Es fundamental contar con estrategias de seguridad que claramente incorporen las variables territoriales para su diseño e implementación.
3. Es evidente que las anheladas estrategias de inteligencia para el combate a la delincuencia no son prácticas generalizadas en los cuerpos de seguridad de este país. Se ha dicho hasta la saciedad que generar estrategias con base a diagnósticos multidisciplinares del fenómeno delictivo, es clave para incrementar de forma sustantiva su eficacia, sin embargo, parece seguimos teniendo serias deficiencias en este aspecto ya que muchas corporaciones siguen haciendo las cosas como siempre, cuando es evidente que la violencia y la delincuencia en este país tiene características muy distintas a cuando este fenómeno explotó.
4. La Guardia Nacional hasta este momento no ha dado los resultados deseados y sus capacidades de contener la delincuencia organizada parece estar lejos de lo que necesitamos y de lo que el presidente había prometido. En contraparte, estos grupos delincuenciales han demostrado una enorme capacidad de fuerza que acumularon a lo largo de los años y que ahora muestran de forma tan nítida y preocupante. El vacío de Estado y de institucionalidad en muchas localidades de México están siendo llenados por este tipo de grupos que asumen este tipo de funciones.
5. La seguridad es la agenda que más les preocupa a las y los mexicanos; y es donde se esperan más resultados. Hasta este momento parece que hay paciencia de parte de la población que ver avances nítidos y contundentes, sin embargo, el tiempo de que dispone López Obrador en esta agenda es cada vez más corto y es en este asunto donde efectivamente la popularidad del presidente puede empezar a menguar.
Los hechos de Culiacán y Aguililla son fuertes llamadas de atención para el Gobierno Federal, pero además muestran la necesidad de que los gobernadores también asuman con mayor contundencia este reto.
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