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Jorge Rocha

La práctica histórica de los presidentes en México es que el último año de su gobierno suelen cerrar procesos de administración pública y pocas veces buscan generar nuevos proyectos o impulsar nuevas iniciativas que comprometan a sus sucesores. No es el caso de López Obrador, que luego de tener varios reveses en cuanto a iniciativas de ley que no prosperaron porque no se respetan los procesos legislativos, y a propósito del Aniversario de la Constitución, presentó una serie de iniciativas de ley y de reformas sustantivas que implican modificaciones a la Constitución y a leyes reglamentarias, a saber: reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas, pensión universal a adultos mayores, becas a estudiantes, acceso universal a la salud, derecho a la vivienda, maltrato animal, contra la práctica del fracking, sobre actividad minera, cuidado del agua, contra los vapeadores y el fentanilo, sobre los salarios mínimos, modificar el sistema de pensiones, programas sociales para jóvenes y campesinos, sobre industrias energéticas y ferroviarias, reforma política electoral, sobre la modificación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la pertenencia de la Guardia Nacional a la SEDENA, sobre la extinción de los organismos públicos autónomos y sobre políticas de austeridad.

Estas iniciativas acaban de ser presentadas ante el Poder Legislativo y se avizora un intenso periodo de debates sobre cada una de estas propuestas, donde cada una requiere de un análisis particular. Ahora bien, con la información disponible, que apenas comenzó a circular, la mayoría de estas iniciativas de ley implican reformas a la Constitución en unos casos y en otros supone un notable incremento en el gasto público. En este momento, el partido del Presidente, Morena, junto con sus aliados, no cuentan con la mayoría legislativa que requieren estas modificaciones a la Carta Magna, es decir, no existen en este momento las condiciones políticas para avanzar en prácticamente ninguna de las reformas. Tampoco se han construido las condiciones de ingresos y egresos gubernamentales que soporten algunas de las políticas que se pretenden aprobar. Muchas de ellas requieren que la capacidad de recaudación del Gobierno Federal aumente de forma considerable y esto sólo se puede lograr con el incremento de los impuestos, sobre todo lo que corresponde con el aumento en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que implica que las tasas se incrementen, sobre todo a las personas más ricas del país. López Obrador no quiso aumentar los impuestos y ahora lo que tenemos es un gasto público muy comprometido y sin capacidad de ampliar las coberturas en salud, gasto social, infraestructura, en seguridad, pensiones, entre otros rubros.
Conceder estas ayudas sociales, consolidar las pensiones e incrementar los servicios de salud implican aumentar impuestos, ni más ni menos.

Con estos impedimentos que hacen muy poco viable que estas reformas sean aprobadas, la pregunta es: ¿Por qué el Presidente impulsa estas iniciativas en estos momentos? ¿Por qué López Obrador se lanza a una batalla perdida de antemano? La respuesta que propongo es desde una perspectiva política: el Presidente lanzó una “manzana envenenada” a la oposición para culpabilizarlos, en plena campaña electoral, de obstaculizar su gobierno y de no buscar el bienestar de las mayorías. Es crear una “novela política” donde el Presidente y su gobierno son los buenos, frente a la oposición mala que sólo busca su propio beneficio. Varias de estas reformas ya fueron discutidas y no avanzaron porque no tuvieron el consenso necesario o porque no siguieron los procedimientos legislativos que implica la aprobación de estas leyes, parecería ocioso volverlas a presentar, ya que el desenlace seguramente será el mismo; sin embargo, se puede sacar “raja política” de estos debates. Ahora bien, habrá que analizar una a una las propuestas del Presidente en cada una de estas materias. Al tiempo.
POSTDATA
Esta semana apareció la encuesta del diario Mural donde se miden las preferencias electorales en la entidad, tanto para la gubernatura, como para la presidencia de México. En lo que respecta a la elección de gobernador, este periódico afirma que Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano (MC) encabeza las preferencias electorales con el 50% de la intención del voto, le sigue Claudia Delgadillo de la alianza Morena-Partido Verde-Partido del Trabajo-Hagamos-Futuro, con el 42% de las preferencias electorales y luego está Laura Haro de la alianza PAN-PRI-PRD con el 8% de la intención del voto. En el escenario nacional, el 69% de los jaliscienses apoyan la candidatura de Claudia Sheinbaum de Morena-Partido Verde-PT, le sigue Xóchitl Gálvez de la alianza PAN-PRI-PRD con el 23% de la intención del voto y luego está Jorge Álvarez Maynez con el 8% de las preferencias electorales de los jaliscienses. Probablemente así comenzarán las campañas electorales el próximo primero de marzo, donde Lemus y Sheinbaum tratarán de mantener sus ventajas en la intención del voto. Hay que recordar que lo mismo sucedió hace seis años, los habitantes del estado votaron por López Obrador y por Enrique Alfaro, ¿se repetirá la fórmula?

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