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Nuevamente, desde el Congreso de la Unión se quiere proponer un paquete de propuestas que,
bajo el concepto de “igualdad sustantiva”, pretende reformar una serie de artículos de la Constitución, una serie de leyes reglamentarias.
Así lo dio a conocer Mons. Ramón Castro, Secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y llama la atención de los siguientes temas y las consecuencias que implica.
“Sin haber atravesado por un concepto de consulta, amplio y riguroso, los legisladores pretenden introducir modificaciones sustantivas al régimen constitucional y legal en México, con impacto en múltiples ámbitos (familiar, civil, penal) sin el debido consenso y fundamento técnico, vulnerando y
restringiendo los derechos humanos a la vida, a la familia, a la libertad religiosa, de conciencia y de expresión.
En un país sumido en la violencia y la inseguridad, que ha cobrado miles de muertes en los últimos años, se pretende afianzar la cultura de la muerte, estableciendo -como pretendido derecho humano- la práctica del aborto, bajo el supuesto de proteger la salud sexual y reproductiva.

Con un espíritu autoritario y egresivo se pretenden establecer prohibiciones a la libertad religiosa, de expresión y de conciencia, vulnerando tratados internaciones que condenan la censura.

Así, se pretende impedir a los creyentes de todas las religiones la manifestación de sus convicciones en temas como la vida, la familia, el matrimonio y la sexualidad humana, siendo perseguidos por su predicación y denuncia proféticas.
Estas reformas conlleva , además, prohibiciones a los padres y madres de familia en el ejercicio de la patria potestad, incluyendo el derecho de educar a sus hijos, imponiendo una determinada ideología a la educación pública y privada.

Existe la propuesta para no requerir el consentimiento de los padres de familia para que un menor recurra a la práctica del aborto o al cambio de sexo (sea hormonal o quirúrgico).

También se pretende la reconfiguración de la institución familiar, imponiendo una visión que no responde a la realidad ni al contexto socio cultural de México, como una manera de ir en contra del pueblo, que tiene profundo raigambre y tradición familiar.

El proceso legislativo que se está siguiendo pretende aprobar una serie de reformas que deberían requerir un profundo estudio técnico de fondo, por separado, y con amplia participación social.
Expresamos nuestra grave preocupación, porque en medio del clima de violencia y crisis económica del
pueblo de México, estas iniciativas dividen, fracturan y polarizan a una sociedad que requiere, con urgencia, unidad para construir la paz, reconstruir el tejido social y alcanzar el bien común. Atentar con estas pretendidas reformas es otra manera de violentar el país.
Pedimos que, tratándose de una reforma constitucional de esta magnitud, con implicaciones tan amplias
para los derechos humanos de la sociedad mexicana, se convoque a todos los actores sociales a participar
en diálogo abierto, que lleve a una reflexión seria, en donde el pueblo tenga la oportunidad de expresar su sentir sobre temas tan sensibles”.
No se trata de un asunto solo moral, aunque para los creyentes lo implique, sino de la defensa y protección de derechos universales de las personas y, en este caso, en particular de los niños. No podemos quedarnos callados ante esta pretendida atrocidad de nuestros legisladores.

@arquimedios_gdl

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