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LUIS SÁNCHEZ

El pasado 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha necesaria para detenernos a reflexionar, sobre la afectación de los derechos humanos de aquellos que sufren de manera directa o indirecta estos crímenes. Cabe recordar que las personas desaparecidas no son solo una cifra que va en aumento cada año, hay un nombre y una historia detrás de cada uno. Además, quienes desaparecen no lo hacen por voluntad propia, porque “están metidos en malos pasos” o “en algo andaban”; esa narrativa es estigmatizadora y le resta responsabilidad al Estado, quien es el principal encargado de garantizar la seguridad a la ciudadanía, por lo tanto, no se trata solo de las víctimas y sus familias, sino de una afectación social, ante la falta de seguridad e impunidad alrededor de estos casos.
Las desapariciones forzadas son aquellos actos que privan de su libertad a alguien, ya sea por agentes gubernamentales de cualquier sector, o por grupos organizados que actúan con la complicidad del gobierno, negando conocer el paradero de esas personas, representan un síntoma de gobiernos sin legitimidad y con claros indicios de autoritarismo. Hace unos meses, la organización Amnistía Internacional, presentó un análisis que desglosa la problemática de las desapariciones forzadas a lo largo del mundo, mostrando a países como Siria, que tienen cerca de 82,000 personas sometidas a desaparición forzada desde 2011. Pero también países como Sri Lanka, con la mayor cantidad de víctimas, que data de entre 60 y 100 mil desaparecidos, o Argentina siendo uno de los casos más conocidos a través de la dictadura instaurada en 1976 y que finalizó en 1983.
A pesar de los cambios en los estatutos internacionales, de la búsqueda de leyes que protejan a los ciudadanos en los diversos países, de instrumentos que pongan límites a gobiernos autoritarios, la realidad es que aún se siguen presentando desapariciones involuntarias a lo largo del mundo, con actos de hostigamiento,

maltrato e intimidación hacia aquellos que buscan señalarlas y no quedarse callados, como lamentablemente ocurre en nuestro país.
México actualmente ocupa el segundo lugar a nivel mundial en desapariciones forzadas; tan solo en el 2022, las autoridades registraron al menos 9,826 casos de personas desaparecidas, con lo que al finalizar el año pasado, había más de 109,000 personas desaparecidas en el país desde 1964.
Otra cifra que es abrumadora, es la que publicó Animal Político, en la que se registró que del 2006 al 2022 (es decir, durante 3 administraciones de distintos partidos políticos), se documentaron 1,524 casos de desapariciones forzadas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, cometidos directamente por presuntos cuerpos de seguridad federales y estatales en contra de personas inocentes o indefensas, lo que equivale a una víctima de las autoridades cada 6 días, durante 16 años.
No retrocedamos en la historia a aquellos años de dictaduras y terror social. No dejemos pasar esta fecha por alto, y expresemos solidaridad con aquellas víctimas, contribuyendo a la visibilización, apoyando desde nuestro espacio, abonando a la justicia para aquellos y aquellas a quienes les han arrebatado su voz. En este sentido, querido lector, quiero invitarle a que cuando vea una ficha de búsqueda, una lona, un cartel o una publicación en redes sociales sobre alguna persona desaparecida, no sea indiferente y pase de largo; quizá no está en nuestras manos hacer que los desaparecidos regresen, pero sí está el exigir justicia y solidarizarnos con las familias, ante esa ausencia irreparable.
Nos leemos la siguiente semana, y recuerda luchar, luchar siempre, pero siempre luchar desde espacios más informados, que construyen realidades menos desiguales y pacíficas.

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